SOBERANÍA, HIPOCRESÍA Y REALPOLITIK:
UNA DEFENSA INCÓMODA DE LA INTERVENCIÓN EN VENEZUELA
I. INTRODUCCIÓN: EL SECUESTRO DEL DEBATE
Hace unas semanas, tropas de élite estadounidenses ejecutaron una operación que parecía de ficción: ingresaron en Caracas y detuvieron a Nicolás Maduro, que ahora duerme en una cárcel de Nueva York. Se destapó la caja de Pandora. Izquierda y derecha llevan desde entonces peleándose en vivo y en directo sobre la cuestión.
El debate sobre la intervención estadounidense en Venezuela ha sido secuestrado por una lectura selectiva del derecho internacional. Se invoca la soberanía, la no intervención y el orden jurídico como si estos conceptos existieran para proteger gobiernos y no personas. Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto, capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio de millones y la supresión sistemática de la voluntad popular.
No lo es. Nunca lo fue.
La soberanía estatal no es un derecho absoluto; es una ficción jurídica útil. Westfalia la inventó en 1648 para resolver un problema práctico: que los príncipes europeos dejaran de matarse por religión. «Cada cual manda en su territorio» fue el pacto fundacional del sistema internacional moderno. Funcionó razonablemente bien durante siglos porque tenía un presupuesto implícito: que los Estados gobernarían, mejor o peor, pero gobernarían. Que cumplirían una función mínima —proteger a quienes viven dentro de sus fronteras, garantizar un orden, permitir la vida en común—. Cuando un Estado invierte esa función, cuando el aparato estatal se convierte en el principal depredador de su población, la ficción pierde su razón de ser. No se puede invocar soberanía para blindar la depredación. Es como si un padre alegara la patria potestad para justificar que mata de hambre a sus hijos. El principio westfaliano protege el derecho a gobernar, no el derecho a exterminar.
Este ensayo no pretende ofrecer respuestas limpias. Las respuestas limpias no existen en política internacional.
Pretende, en cambio, desgranar las capas de un problema complejo, señalar las hipocresías de todos los bandos, y defender una posición incómoda: que la intervención americana, con todos sus defectos y motivaciones turbias, puede ser preferible a la alternativa.
II. EL FRACASO ESTRUCTURAL DE LA ONU
Comencemos por lo obvio: el sistema diseñado para resolver estas situaciones no funciona.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, estableció dos principios en tensión permanente. Por un lado, el artículo 2.4 prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Por otro, el Capítulo VII autoriza al Consejo de Seguridad a actuar cuando existe amenaza a la paz internacional. La solución al dilema —quién decide cuándo intervenir— se delegó a un Consejo de Seguridad donde cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial tienen derecho de veto.
El resultado es previsible: el Consejo está paralizado por diseño. Rusia vetará cualquier acción contra sus aliados. Estados Unidos hará lo propio. China, Francia y Reino Unido seguirán el mismo patrón. El mecanismo creado para prevenir atrocidades se ha convertido en el mecanismo que las garantiza cuando una gran potencia tiene interés en perpetuarlas.
Expertos en derecho internacional consultados tras la intervención en Venezuela lo han expresado con brutal claridad: el Consejo de Seguridad es un órgano inútil cuando el agresor tiene un aliado con veto. Un país que infringe el derecho internacional puede evitar su condena simplemente porque su protector levanta la mano. El único órgano con capacidad de acción queda inmovilizado.
¿Qué queda entonces? La Asamblea General, donde 193 países pueden hablar pero ninguno puede actuar. Un foro donde el voto de Tuvalu —doce mil habitantes— pesa lo mismo que el de India —mil cuatrocientos millones—. Al final se convierte en una guardería de naciones donde se canta el kumbayá diplomático, se emiten declaraciones de «profunda preocupación» y se redactan resoluciones que nadie cumple ni teme.
Defender que este sistema protege el orden internacional es una ficción conveniente. Lo que protege la ONU es el statu quo, incluidos los tiranos que caen bajo el paraguas de una potencia con veto.
III. EL CASO VENEZOLANO: ANATOMÍA DE UN COLAPSO
Venezuela no es un caso de «divergencia ideológica» ni de «modelo alternativo de desarrollo». Es una catástrofe humanitaria documentada por las propias agencias de Naciones Unidas.
Los hechos son incontrovertibles. Más de 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país —el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina—.[1]
La economía se contrajo más de un 75% entre 2013 y 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional.[2]
La hiperinflación pulverizó los ahorros de generaciones. El sistema de salud colapsó: hospitales sin medicinas, quirófanos sin luz, enfermos crónicos sin tratamiento.
La desnutrición infantil alcanzó niveles de emergencia.
Y todo esto ocurrió en el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
No fue mala suerte. No fue el «bloqueo imperialista» —las sanciones llegaron años después del inicio del colapso—. Fue política deliberada: destrucción de la empresa privada, expropiaciones arbitrarias, control de cambios que generó la mayor operación de saqueo institucional del continente, nombramiento de militares leales pero incompetentes en posiciones clave, persecución sistemática de cualquier disidencia.
El régimen de Maduro no falló en proteger a su pueblo. Eligió deliberadamente no protegerlo y mantenerse en el poder a cualquier coste, incluido el hambre de millones.
¿Había canales internos para cambiar esta situación? No. Las elecciones son fraudulentas —la propia oposición ganó las parlamentarias de 2015 y el régimen simplemente anuló los poderes del parlamento—. El poder judicial es una extensión del ejecutivo. No hay prensa independiente con alcance real. Los líderes opositores están presos, exiliados o inhabilitados. Los canales democráticos de cambio fueron clausurados uno a uno.
Quienes defienden que los venezolanos «resuelvan solos su situación» están defendiendo, en la práctica, la perpetuación indefinida del sufrimiento. Es una posición cómoda para quien la sostiene desde la distancia, pero obscena para quien la padece.
IV. LA REDUCTIO AD ABSURDUM
Los defensores de la no intervención absoluta tienen un problema lógico que no pueden resolver: el argumento nazi.
Si la soberanía es inviolable bajo cualquier circunstancia, entonces los campos de concentración eran «asunto interno alemán». Si ningún Estado tiene derecho a intervenir militarmente en otro sin autorización del Consejo de Seguridad —que no existía en 1939—, entonces la liberación de Auschwitz fue técnicamente ilegal.
Nadie sostiene esto seriamente. Nadie argumenta hoy que habría sido moralmente correcto respetar la soberanía alemana mientras se gasificaba a millones de personas. El Holocausto fundamentó precisamente el desarrollo posterior del derecho internacional humanitario y la noción de crímenes contra la humanidad, que son de jurisdicción universal porque trascienden la soberanía.
Pero si aceptamos que hay circunstancias donde la intervención es legítima —genocidio, crímenes masivos contra la población civil—, entonces el debate no es si intervenir puede ser lícito. El debate se limita a cuándo lo es y quién lo decide.
Y aquí volvemos al problema del Consejo de Seguridad paralizado. Si el único órgano legitimado para autorizar intervenciones no puede funcionar, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos que algunos tiranos serán intocables porque tienen amigos poderosos? ¿Admitimos que el «derecho internacional» es simplemente la voluntad del más fuerte disfrazada de legalidad?
La honestidad intelectual exige reconocer que no tenemos un sistema que funcione. Tenemos retórica jurídica que las potencias invocan o ignoran según conveniencia.
V. LA IZQUIERDA Y SU SILENCIO CÓMPLICE
Hay una categoría especial de hipocresía que merece análisis separado: la de ciertos sectores de la izquierda que durante años minimizaron, justificaron o simplemente ignoraron lo que ocurría en Venezuela, y que ahora se rasgan las vestiduras invocando el derecho internacional.
El patrón es conocido y repetitivo. Durante dos décadas, una parte significativa de la izquierda latinoamericana y europea mantuvo un silencio estruendoso sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Cuando los estudiantes eran asesinados en las protestas de 2014 y 2017, se hablaba de «desestabilización». Cuando los presos políticos se contaban por centenares, se relativizaba. Cuando millones huían del país, se cuestionaban las cifras o se culpaba a las sanciones.
Y nunca nombraron a El Helicoide.
El Helicoide es un edificio espiral en el centro de Caracas, diseñado en los años cincuenta como centro comercial futurista, reconvertido en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y en lo que organismos internacionales han calificado como uno de los mayores centros de tortura de América Latina.[3] La Misión de Investigación de Naciones Unidas documentó la existencia de salas de tortura en sus instalaciones.[4] Los presos han reportado golpes, descargas eléctricas, colgamientos por las extremidades, inmersión del rostro en bolsas con heces. Cualquier barbaridad que se te ocurra se practicó aquí.
Ya en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela poner fin a las condiciones «inhumanas y degradantes» del centro.[5] La respuesta de Maduro fue ignorar la orden y ampliar su uso.
Pero hay algo peor que El Helicoide: La Tumba.
La Tumba es un conjunto de celdas ubicado cinco pisos bajo tierra en otra sede del SEBIN, en Plaza Venezuela. Celdas de dos por tres metros, completamente blancas, sin ventanas, con luz fluorescente encendida las veinticuatro horas del día. Temperatura mantenida artificialmente en torno a diez grados (piensa en eso, 10º). Aislamiento absoluto. Los detenidos no ven el sol, no escuchan voces humanas, pierden la noción del tiempo. No saben si es de día o de noche, si llevan una semana o un mes. Es lo que se conoce como «tortura blanca»: diseñada para destruir la mente sin dejar marcas en el cuerpo.[6]
Lorent Saleh, activista venezolano que pasó veintiséis meses en La Tumba, lo describió así: «No hay día, no hay noche, no hay número. Estás en un limbo donde te desconectan».[7] En 2017, el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov. Mientras él recibía el premio, La Tumba seguía operando. Sigue operando todavía hoy.
Todo esto estaba documentado. Human Rights Watch lo documentó. Amnistía Internacional lo documentó. La Misión de la ONU lo documentó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el cierre de La Tumba en 2015 por violar la prohibición absoluta de tortura.[8] Nada de esto era secreto.
Y sin embargo, el mismo sector político que denuncia —con razón— las violaciones de derechos humanos en otros contextos, que exige intervención humanitaria cuando conviene a su narrativa, que invoca la responsabilidad de proteger cuando el agresor es ideológicamente adverso, descubrió súbitamente la inviolabilidad de la soberanía cuando se trató de Venezuela.
No es una posición principista. Es tribalismo ideológico. Los del pedestal moral han demostrado que el suyo es un pedestal de papel.
Si la soberanía es sagrada, debe serlo siempre. Si la intervención humanitaria es legítima en algunos casos, debe evaluarse con criterios consistentes. Lo que no puede sostenerse es un doble rasero donde las atrocidades de «los nuestros» son matizables y las de «los otros» son imperdonables.
La izquierda que calló durante años mientras el chavismo destruía Venezuela —mientras existían El Helicoide y La Tumba— no tiene autoridad moral alguna para liderar ahora la defensa del derecho internacional. Su silencio fue complicidad. Su indignación tardía es oportunismo político.
VI. LOS INTERESES DETRÁS DE LA INTERVENCIÓN
Seamos honestos también sobre el otro lado. Estados Unidos no interviene en Venezuela por amor a la democracia ni por compasión hacia el sufrimiento del pueblo venezolano. No son hermanitas de la caridad.
Los intereses son evidentes, y conviene no ser ingenuo sobre ellos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y ese petróleo fluía masivamente hacia China —entre el 68% y el 80% de las exportaciones venezolanas—, vendido con descuento a través de una «flota sombra» de petroleros opacos. Para Pekín, Venezuela representaba un suministro energético estable y barato en el hemisferio occidental, lejos de los cuellos de botella asiáticos.
Rusia jugaba otra partida en el mismo tablero. Moscú no compraba petróleo venezolano —es exportador neto—, pero había invertido miles de millones: entre 11.000 y 17.000 millones de dólares en armamento, participaciones de Rosneft —el brazo petrolero del Estado ruso, cuya presencia en Venezuela era parte de la estrategia del Kremlin, no una decisión empresarial independiente— en la Faja del Orinoco, una fábrica de municiones Kalashnikov, personal militar permanente y presencia de mercenarios del Grupo Wagner.[9]
Venezuela era para Putin una cabeza de puente geopolítica, una «molestia a bajo coste» plantada en el patio trasero de Washington.
No se trata de que Estados Unidos necesite desesperadamente el crudo venezolano; su producción le permite relativa autonomía. Se trata de que no lo tenga China. Y de expulsar a Rusia de una posición desde la que podía amenazar con despliegues militares en el Caribe. A esto se suma la política doméstica —el voto cubano y venezolano en Florida, que premia la mano dura contra las dictaduras de izquierda—. Y el eterno reflejo imperial, nunca del todo extinto, de que nada relevante ocurra al sur del Río Grande sin permiso de Washington.
Pero reducir la intervención a puro cinismo sería tan ingenuo como negar los intereses. El narcotráfico que cruza Venezuela afecta directamente a Estados Unidos. La migración masiva —más de siete millones de desplazados— desestabiliza a toda la región, incluidos aliados como Colombia.[10] Un Estado fallido controlado por mafias a pocas horas de vuelo de Miami no es un escenario deseable para nadie en Washington. Y sí, hay quienes en el establishment americano genuinamente consideran que las democracias liberales deben defenderse y extenderse —se puede discrepar de su método sin negar que la motivación existe—.
Seamos serios. El argumento de la «pureza de motivaciones» es una falacia. Exigir que una intervención tenga exclusivamente fines humanitarios para ser legítima es establecer un estándar que ningún acto político en la historia ha cumplido jamás. Los aliados no liberaron Auschwitz por altruismo; querían derrotar a un enemigo que había atacado medio mundo. ¿Eso invalida la liberación de los campos?
Churchill lo expresó con su brutalidad habitual cuando le reprocharon aliarse con Stalin: «Si Hitler invadiera el infierno, yo haría al menos una mención favorable al diablo en la Cámara de los Comunes.» No era cinismo; era simple aritmética moral.
El criterio relevante no es la pureza del corazón del interviniente, sino el resultado para las víctimas. Si la intervención estadounidense —motivada por petróleo, hegemonía regional y cálculo electoral— termina liberando a millones de venezolanos de una dictadura que los estaba matando de hambre, el resultado es bueno aunque las motivaciones no sean blancas como la nieve.
En definitiva, cuando un gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, pierde cualquier autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interviene para detener ese ataque.
VII. EL PROBLEMA DE LA EJECUCIÓN
Aquí viene el matiz necesario. Defender la legitimidad de una intervención no es lo mismo que defender cualquier forma de ejecutarla.
La historia reciente nos ofrece lecciones brutales.
Irak 2003: se derrocó a Saddam, se disolvió el ejército, se purgó la administración, y el resultado fue una década de guerra civil, cien mil muertos y el nacimiento del ISIS.
Libia 2011: se eliminó a Gadafi con autorización de la ONU, y el país se convirtió en un Estado fallido con múltiples gobiernos y milicias armadas luchando por el control.
Derrocar tiranos es fácil. Construir estados funcionales después es extraordinariamente difícil.
La intervención en Venezuela parece haber aprendido algo de estos fracasos. Maduro fue detenido, pero el régimen no colapsó. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. Las estructuras del Estado —ejército, policía, administración— siguen funcionando. Es una decapitación controlada, no un derribo total.
La lógica es pragmática: los jerarcas chavistas controlan las redes de poder. Eliminarlos de golpe no elimina esas redes; las deja huérfanas y peligrosas. Un general sin mando pero con tropas leales es un golpista en potencia. Un colectivo armado sin jefe es una banda criminal.
El modelo tiene precedentes más sólidos que la manida referencia a la transición española —que fue endógena y no sirve como paralelo—.
En Japón, MacArthur mantuvo al Emperador Hirohito —símbolo del régimen que acababa de masacrar Asia— porque entendió que destronarlo provocaría un caos ingobernable. Conservó la burocracia, el sistema judicial, buena parte del establishment militar reconvertido. Purgó a los criminales de guerra más visibles en los Juicios de Tokio, pero miles de funcionarios del régimen militarista siguieron en sus puestos.[11] ¿Éticamente limpio? No. ¿Funcionó? Japón pasó de potencia fascista a democracia estable en una generación.
En Alemania Occidental, la desnazificación fue deliberadamente parcial. Konrad Adenauer, primer canciller democrático, tuvo en su gabinete a Hans Globke, que había redactado los comentarios jurídicos oficiales a las Leyes Raciales de Núremberg.[12] Jueces que habían aplicado la legislación nazi siguieron en los tribunales. Industriales que usaron trabajo esclavo —Krupp, IG Farben, Thyssen— volvieron a dirigir empresas o fueron absorbidos por sus sucesoras.[13] El «milagro económico alemán» se construyó sobre esa amnesia selectiva. Repugnante para los puristas; eficaz para la estabilidad.
Ambas decisiones escandalizaron a quienes exigían justicia total. Ambas funcionaron. La alternativa —purga radical, vacío de poder, estructuras destruidas— se probó en Irak con resultados conocidos: la Orden 2 de Paul Bremer disolvió el ejército iraquí y dejó a cuatrocientos mil hombres armados y entrenados sin empleo ni pensión; muchos acabaron en las filas de la insurgencia y posteriormente del ISIS.[14]
Usarlos como correa de transmisión durante una transición controlada tiene sentido operativo: ellos desactivan a sus propias bases, a cambio de garantías personales. A veces la transición exige pactar con quienes deberían estar en el banquillo. No es justicia; es ingeniería de la estabilidad.
¿Es justo que Diosdado Cabello o Delcy Rodríguez escapen a la justicia? No. ¿Es preferible a una guerra civil? Casi con certeza.
VIII. LA ELECCIÓN DE BLOQUE
Despojado de retórica, el mundo funciona como siempre ha funcionado: los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Tucídides lo escribió hace 2.400 años y sigue vigente.
Ante esta realidad, las potencias medianas y pequeñas tienen opciones limitadas. Pueden fingir que el derecho internacional las protege —una ilusión que Ucrania descubrió brutalmente en 2022, cuando el Memorándum de Budapest que garantizaba su integridad territorial resultó ser papel mojado—.[15] O pueden asumir que su seguridad depende de alianzas con potencias mayores.
Si hay que elegir protector —y hay que elegirlo—, el criterio relevante no es el historial de crímenes. Por ese rasero, todos los imperios son equivalentes. El criterio es la estructura: ¿tiene el sistema mecanismos de autocorrección o carece de ellos por diseño?
Sí, Estados Unidos derrocó a Arbenz en Guatemala, apoyó a Pinochet en Chile, financió a los Contras en Nicaragua, miró hacia otro lado mientras los generales argentinos tiraban estudiantes al mar desde aviones. Todo cierto y todo documentado.[16] Pero hay una diferencia estructural que el catálogo de crímenes no captura.
El Comité Church del Senado investigó los abusos de la CIA en los años setenta —asesinatos, golpes de Estado, experimentos con ciudadanos— y los hizo públicos en informes que cualquiera puede leer.[17] Los documentos sobre Guatemala y Chile fueron desclasificados décadas después; hoy sabemos con detalle documental lo que hizo la Administración Nixon.[18] Periodistas estadounidenses —Seymour Hersh, Dana Priest, James Risen— han destapado Abu Ghraib, las cárceles secretas de la CIA, los programas de tortura, publicándolo en medios de su propio país sin acabar en prisión ni envenenados con polonio.[19] Los responsables de la masacre de My Lai fueron juzgados —mal, insuficientemente, pero juzgados—.[20] Nixon cayó por el caso Watergate. La política exterior de una administración puede ser investigada, criticada y revertida por la siguiente.
¿Cuándo ha publicado el Diario del Pueblo una investigación sobre los campos de reeducación en Xinjiang? ¿Cuándo ha dimitido un líder del Kremlin por un escándalo destapado por la prensa rusa? ¿Qué comité parlamentario chino ha desclasificado los archivos de Tiananmen? ¿Dónde están los «Church Committee» de Pekín o Moscú?
No existen. No pueden existir. El sistema está diseñado para que no existan.
La diferencia no es que Washington sea virtuoso y Pekín malvado. Es que en un sistema hay alternancia real de poder, prensa que puede investigar a su propio gobierno, tribunales que ocasionalmente funcionan contra el ejecutivo, y memoria institucional que permite —no garantiza, pero permite— aprender de los errores. En el otro hay un partido único que nunca pierde elecciones porque no las hay, censura total, y archivos que jamás se abrirán.
Quien equipara ambos bloques por sus crímenes históricos comete un error de categoría: compara actos con estructuras. Los actos de Estados Unidos han sido a menudo criminales. Su estructura permite que esos actos se reconozcan, se investiguen, se critiquen públicamente y eventualmente se corrijan. La estructura china y rusa garantiza que nunca se reconocerán, porque hacerlo cuestionaría la legitimidad del poder que los cometió —y ese poder sigue siendo el mismo, sin interrupción—.
Rusia lleva siendo gobernada por servicios de inteligencia desde 1917: Cheka, NKVD, KGB, FSB. Putin es un oficial del KGB; su sistema es continuidad, no ruptura. China lleva bajo el mismo partido desde 1949. No ha habido un solo día de alternancia. ¿Con qué cara piden estos regímenes respeto al «orden internacional basado en reglas»?
Para un latinoamericano —o un europeo— que valore la libertad de prensa, la posibilidad de cambiar de gobierno sin tanques, el derecho a criticar al poder sin desaparecer, la elección no es entre el bien y el mal. Es entre un sistema que puede mejorar porque tiene mecanismos para ello, y sistemas que carecen de incentivos estructurales para hacerlo.
No es una elección heroica. Pero es la única honesta.
IX. CONCLUSIÓN: LA INCOMODIDAD NECESARIA
Este ensayo no ofrece respuestas reconfortantes porque no las hay.
¿Viola la intervención el derecho internacional? Depende de qué derecho internacional invoquemos: el de la soberanía absoluta o el de la responsabilidad de proteger. Lo que no depende de interpretaciones jurídicas es que millones de venezolanos ven en ella su única oportunidad real de recuperar un país habitable.
El sistema de Naciones Unidas, diseñado para prevenir atrocidades y guerras de agresión, es estructuralmente incapaz de hacer ninguna de las dos cosas cuando una gran potencia está involucrada. Esto no es un defecto reparable; es el diseño mismo del sistema. Y conviene recordar quiénes emiten las condenas: la Asamblea General donde votan con igual peso democracias consolidadas y dictaduras grotescas, el Consejo de Derechos Humanos que ha tenido como miembros a Venezuela, Cuba, China y Arabia Saudí. Cuando regímenes que torturan a sus ciudadanos se pronuncian sobre violaciones del derecho internacional, sus opiniones merecen el peso exacto que tiene su autoridad moral: ninguno.
La izquierda que invoca ahora el derecho internacional para condenar la intervención perdió su autoridad moral —si es que alguna vez la tuvo— cuando calló durante dos décadas de destrucción chavista. Pero el problema va más allá del caso venezolano. Una cosa es el eslogan de pancarta, buenista y transversal —«No a la guerra», «Paz», «Derechos Humanos»—, y otra muy distinta observar lo que permiten y lo que callan según el actor que les convenga. Condenan a Israel y enmudecen ante Hamás. Denuncian Guantánamo y miran hacia otro lado cuando se trata de La Tumba. Exigen intervención humanitaria en Kosovo y la llaman imperialismo en Venezuela. No es una posición ética; es un manual de doble rasero donde la geometría moral varía según la ideología del opresor. Su indignación es selectiva y, por tanto, irrelevante. Peor aún: es cómplice.
Los intereses estadounidenses en Venezuela son evidentes. También lo es que no invalidan el resultado. Las intervenciones nunca tienen motivaciones puras —los aliados no liberaron Europa por amor a los franceses—. El criterio relevante no es la pureza del corazón del interviniente, sino el resultado para quienes padecen la tiranía.
La ejecución de cualquier intervención determinará su éxito o fracaso más que su legitimidad teórica. Una transición pactada, aunque moralmente insatisfactoria, tiene más probabilidades de éxito que una ruptura revolucionaria.
Y al final, en un mundo donde el poder determina los resultados más que los principios, la única opción honesta es elegir el bloque menos malo y trabajar desde dentro para que sea menos malo aún.
No es una conclusión heroica. Pero es la única que la realidad permite.
Enero de 2026
NOTAS DOCUMENTALES
[1] Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), coordinada por ACNUR y OIM. Datos actualizados a noviembre de 2025: aproximadamente 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país. La OIM y ACNUR lo califican como «el mayor éxodo en la historia del hemisferio occidental en los últimos 50 años». Fuente: www.r4v.info y ACNUR Situación Venezuela (www.acnur.org/emergencias/situacion-de-venezuela).
[2] Fondo Monetario Internacional (FMI). Declaración a Bloomberg Línea: «Venezuela experimentó una contracción del PIB real sin precedentes del 75% entre 2013-2020». Véase también: Casa América, conferencia «Venezuela en fase de colapso. Un análisis histórico y comparativo» (Prof. José Manuel Puente, IESA). Datos adicionales en World Economic Outlook del FMI.
[3] Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFMV), establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante resolución 42/25 (27 de septiembre de 2019). El Helicoide es calificado como «uno de los mayores centros de tortura de América Latina» por múltiples organizaciones, incluyendo Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la propia Misión de la ONU.
[4] Informes de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela (2020-2023). Documentan: torturas sistemáticas, golpizas, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas en genitales, colgamientos por las extremidades, aislamiento prolongado, privación del sueño y violencia sexual. Informe disponible en OHCHR: «Venezuela: UN report urges accountability for crimes against humanity» (septiembre 2020). Francisco Cox, ex miembro de la Misión, declaró: «El Helicoide es brutal».
[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012. Ordenó a Venezuela poner fin a las condiciones «inhumanas y degradantes» en El Helicoide. El régimen de Maduro ignoró la orden y amplió el uso del centro. Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012 bajo Hugo Chávez, pero la Corte mantiene jurisdicción sobre casos anteriores y pendientes.
[6] La Tumba: centro de detención subterráneo del SEBIN en Plaza Venezuela, Caracas. Documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Características: celdas de 2×3 metros, cinco pisos bajo tierra, luz fluorescente permanente, temperatura artificial de aproximadamente 10°C, aislamiento absoluto. La técnica se denomina «tortura blanca» o aislamiento celular, diseñada para causar deterioro psicológico sin dejar marcas físicas. Fuentes: CIDH, documentos presentados ante la ONU (OHCHR), testimonios de sobrevivientes.
[7] Lorent Saleh, activista venezolano de derechos humanos. Detenido en Colombia en 2014 y entregado al SEBIN. Pasó 26 meses en La Tumba y posteriormente en El Helicoide (total: 4 años de prisión). Recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2017, junto con otros opositores venezolanos, mientras aún permanecía encarcelado. Fue liberado en octubre de 2018 y exiliado a España. Cita textual de entrevistas concedidas a AlbertoNews y El Correo Gallego.
[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2015. Medidas cautelares a favor de Lorent Saleh y Gabriel Valles, solicitando el cierre de La Tumba por violar la prohibición absoluta de tortura (artículo 5 de la Convención Americana). Documentación adicional: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, informes de Tamara Sujú (defensora de derechos humanos venezolana).
[9] Presencia rusa en Venezuela: estimaciones de entre 11.000 y 17.000 millones de dólares en ventas de armamento (tanques T-72, cazas Su-30, helicópteros Mi-35, sistemas S-300). Rosneft (empresa petrolera estatal rusa) adquirió participaciones en la Faja del Orinoco. Fábrica de municiones Kalashnikov inaugurada en 2025. Personal militar permanente para mantenimiento de equipos. Presencia documentada de mercenarios del Grupo Wagner. Fuentes: Reuters, SIPRI Arms Transfers Database, informes del Congressional Research Service (EE.UU.).
[10] Impacto migratorio regional: Colombia acoge aproximadamente 2,8 millones de venezolanos (mayor país receptor), seguido de Perú (1,6 millones), Brasil, Chile y Ecuador. La Plataforma R4V proyecta 7,32 millones de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe para 2026. Según la OIM, el consumo de los migrantes venezolanos en los países de acogida supera los 10.600 millones de dólares anuales. Fuentes: ACNUR, OIM, Plataforma R4V (actualización noviembre 2025).
[11] Ocupación estadounidense de Japón (1945-1952). El general Douglas MacArthur, como Comandante Supremo de las Potencias Aliadas (SCAP), decidió mantener al Emperador Hirohito como figura simbólica para facilitar la transición. Los Juicios de Tokio (Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente) condenaron a 28 líderes de clase A, pero miles de funcionarios del régimen militarista fueron «despurgados» a partir de 1950 y reintegrados en la administración. Fuente: John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (Premio Pulitzer 1999), W.W. Norton, 1999.
[12] Hans Globke (1898-1973). Funcionario del Ministerio del Interior del Reich, coautor del comentario jurídico oficial a las Leyes de Núremberg de 1935. Tras la guerra, fue Secretario de Estado y jefe de la Cancillería Federal con Konrad Adenauer (1953-1963), cargo desde el que supervisó los servicios de inteligencia. Su caso es emblemático de la «continuidad funcional» de la administración alemana. Fuentes: Norbert Frei, Adenauer’s Germany and the Nazi Past: The Politics of Amnesty and Integration, Columbia University Press, 2002; Der Spiegel, archivos históricos.
[13] Industriales alemanes y desnazificación. Alfried Krupp fue condenado en Núremberg a 12 años de prisión y confiscación de bienes; fue liberado en 1951 y recuperó su imperio industrial. Ejecutivos de IG Farben (fabricante del Zyklon B) recibieron sentencias leves y varios volvieron a puestos directivos en las empresas sucesoras (BASF, Bayer, Hoechst). Fuente: Peter Hayes, Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era, Cambridge University Press, 2001.
[14] Orden Número 2 de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA Order 2), firmada por L. Paul Bremer el 23 de mayo de 2003. Disolvió las Fuerzas Armadas iraquíes, el Ministerio de Defensa, los servicios de inteligencia y otras instituciones de seguridad, dejando a aproximadamente 400.000 personas sin empleo. Numerosos análisis la consideran el error más grave de la ocupación. Fuentes: Thomas E. Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq, Penguin, 2006; James P. Pfiffner, «US Blunders in Iraq: De-Baathification and Disbanding the Army», Intelligence and National Security, vol. 25, 2010.
[15] Memorándum de Budapest (5 de diciembre de 1994). Ucrania renunció a su arsenal nuclear heredado de la URSS (el tercero más grande del mundo en ese momento) a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, que se comprometían a respetar su independencia, soberanía e integridad territorial. Rusia violó el memorándum con la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de 2022. Fuente: texto del memorándum disponible en los archivos de la OSCE y el Departamento de Estado de EE.UU.
[16] Intervenciones estadounidenses en América Latina durante la Guerra Fría. Guatemala 1954: la CIA organizó el golpe contra Jacobo Arbenz (Operación PBSUCCESS). Chile 1973: documentos desclasificados confirman el apoyo estadounidense al golpe contra Allende. Nicaragua años 80: financiación de los Contras documentada en el escándalo Irán-Contra. Argentina: conocimiento y aquiescencia ante la dictadura militar (1976-1983). Fuentes: National Security Archive (George Washington University), que ha publicado miles de documentos desclasificados; Peter Kornbluh, The Pinochet File, The New Press, 2003.
[17] Comité Church (1975-1976). Comité Selecto del Senado de EE.UU. para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales con Respecto a Actividades de Inteligencia, presidido por el senador Frank Church. Investigó abusos de la CIA, FBI y NSA, incluyendo intentos de asesinato de líderes extranjeros (Castro, Lumumba, Trujillo), operaciones encubiertas, y vigilancia doméstica ilegal (COINTELPRO). Los informes finales son públicos y accesibles en los archivos del Senado. Resultado: creación de los comités permanentes de supervisión de inteligencia.
[18] Desclasificación de documentos. El Chile Declassification Project (1999-2000), ordenado por el presidente Clinton, liberó más de 24.000 documentos sobre el papel de EE.UU. en Chile. Guatemala: documentos desclasificados en 1997-1999 confirmaron el papel de la CIA en el golpe de 1954. Fuente: National Security Archive, https://nsarchive.gwu.edu.
[19] Periodismo de investigación sobre abusos de la política exterior estadounidense. Seymour Hersh reveló la masacre de My Lai (1969) y los abusos de Abu Ghraib (The New Yorker, 2004). Dana Priest (The Washington Post) expuso la red de «black sites» o cárceles secretas de la CIA (Premio Pulitzer 2006). James Risen y Eric Lichtblau (The New York Times) revelaron el programa de vigilancia sin orden judicial de la NSA (Premio Pulitzer 2006). Ninguno fue procesado por estas publicaciones.
[20] Masacre de My Lai (16 de marzo de 1968). Soldados estadounidenses de la Compañía Charlie mataron a entre 347 y 504 civiles desarmados en la aldea de Son My, Vietnam. El teniente William Calley fue el único condenado (cadena perpetua, reducida a 3 años y medio de arresto domiciliario). El encubrimiento duró más de un año hasta que Seymour Hersh lo hizo público. Fuentes: Seymour Hersh, My Lai 4: A Report on the Massacre and Its Aftermath, Random House, 1970; archivos del U.S. Army.
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