ALIBABA Y LOS 40 LADRONES

EL INFIERNO FISCAL: ANATOMÍA DE UN LATROCINIO CONSENTIDO

I. La cuestión

Entiendo el argumento. Cualquier persona mínimamente ordenada lo entiende. No se trata de no querer pagar impuestos. El problema es cuánto. Esa es la cuestión, que diría nuestro adorado Manquiña.

Pensemos con frialdad, sin acritud. Y al amigo rojillo le pido que intente dejar en el perchero la frase de pancarta y el eslogan manido, al menos hasta el final del texto. Si después de leerlo sigue pensando lo mismo, le invito a una caña y discutimos como adultos.

Si de la riqueza que generas con tu trabajo —pongamos un trabajador medio— el Estado te retira de entrada casi el 50% entre IRPF, Seguridad Social y desempleo, y de lo que te queda pagas el 21% de cada cosa que consumes, el 60% del combustible que gastas o el 10% del pan que comes, resulta fácil sentirse atracado. Porque lo peor no es solo ese latrocinio: es que, además, el Estado pide más dinero prestado. ¡Porque no le llega! 

Lo entendería en ciertas circunstancias, hasta que analizas en qué se gasta tu esfuerzo y descubres que se tira en chiringuitos, enchufes y coches oficiales para cualquier carguillo de medio pelo.

Los políticos se han convertido en la nueva aristocracia opresiva que creímos derrocada en la Revolución Francesa. Nos usan y nos explotan para su propio lucro.

Y que nadie busque aquí una diatriba partidista. Esto no va de izquierdas contra derechas. Todos —repito: todos— los gobiernos de la democracia han contribuido a construir este sistema. Unos lo han engordado más que otros, pero ninguno lo ha adelgazado. La voracidad fiscal y el despilfarro no tienen color político. Tienen la coloración gris del poder instalado.

II. El número desnudo: lo que realmente te quitan

Empecemos por la aritmética, que es la parte que no admite retórica. Los números no mienten, son fríos y no tienen carnet de ningún partido.

Según el Impuestómetro 2025 del Instituto Juan de Mariana, un trabajador medio con un salario bruto de unos 30.237 euros genera un coste laboral total de 39.480 euros. De esos 39.480, el 47,8% se destina a cotizaciones sociales (las del trabajador y las del empleador, que también son tuyas aunque no las veas en la nómina —esta es una finta acrobática del Estado: te oculta lo que hace en plan «ojos que no ven, corazón que no siente»—), IRPF e IVA. De cada 100 euros que tu empresa paga por tu trabajo, casi 48 se los lleva el Estado antes de que lleguen a tu bolsillo o a tu carrito de la compra.

Conviene un matiz metodológico, porque este ensayo pretende ser más riguroso que aquello que critica: el Instituto Juan de Mariana es un think tank liberal cuya metodología no coincide exactamente con la de Eurostat ni la OCDE, que sitúan la cuña fiscal española más cerca del 39-41%. La diferencia radica en cómo se imputan las cotizaciones del empleador y los impuestos indirectos. Pero incluso tomando la cifra más conservadora —la de Eurostat, el 39%—, el resultado sigue siendo que de cada 100 euros de coste laboral, 39 se evaporan antes de que el trabajador pueda decidir qué hace con ellos. Y si sumas tributos municipales, la parte proporcional del Impuesto de Sociedades y el impacto del déficit público, la carga real asciende —según la Fundación Civismo— al 54,7%. Son 21.607 euros al año. Hasta mediados de agosto trabajas para el Estado. A partir de ahí, si te queda ánimo, para ti.

Para que un trabajador pueda realizar un consumo de 100 euros, debe generar, como mínimo, 191,57 euros. De cada 191 euros que produce tu trabajo, solo 100 llegan al mercado en forma de consumo. El resto se evapora en el laberinto fiscal.

Ahora bien, aquí es donde la ministra Montero ejecuta su truco de prestidigitación favorito: dice que la presión fiscal sobre el PIB es inferior a la media europea. Técnicamente no miente; te cuenta un dato real que no tiene nada que ver contigo. Tú no pagas con el PIB. Tú pagas con tu sueldo. Y tu sueldo medio es de 25.000 euros, mientras que el alemán ronda los 42.000. Si a un contribuyente español se le aplicaran los impuestos alemanes, su factura fiscal bajaría 3.578 euros anuales. Si se le aplicaran los daneses, 4.677.

Pagamos impuestos nórdicos con salarios mediterráneos. Eso no es solidaridad. Es saqueo.

Y hay una cifra más, la más demoledora: la presión fiscal marginal efectiva —la proporción de cada euro adicional que genera la economía y que termina en manos del Estado— ha alcanzado el 57%, según el Instituto de Estudios Económicos. De cada euro adicional que genera la economía española, 57 céntimos acaban en manos del recaudador. ¿Qué incentivo queda para producir más, emprender, arriesgarse? Ninguno racional. Si el Estado se lleva más de la mitad de lo que mejoras, lo racional es no mejorar. O hacerlo en negro. Hablaremos luego del derecho a la defensa en negro.

Todo esto se agrava con un mecanismo silencioso que los expertos llaman «progresividad en frío». El IRPF funciona por tramos, como una escalera: los primeros 12.450 euros tributan al 19%, de ahí a 20.200 al 24%, de 20.200 a 35.200 al 30%, y así sucesivamente hasta el 47% por encima de 300.000. Cada tramo aplica su tipo solo a la porción de renta que cae dentro de él. Hasta aquí parece razonable.

El problema es lo que pasa cuando la inflación sube y los tramos no se mueven. Pongamos un ejemplo: Antonio gana 20.000 euros en 2019. Le suben el sueldo un 15% en cinco años, simplemente para que no pierda poder adquisitivo con la inflación. En 2024 cobra 23.000. No es más rico. Compra lo mismo, come lo mismo, vive igual. Pero ahora 2.800 euros de su sueldo han cruzado la frontera del tramo del 24% al del 30%. Paga más impuestos sin haber mejorado un ápice su nivel de vida. Hacienda le ha subido los impuestos sin votar en el Congreso, sin publicarlo en el BOE, sin que nadie dé la cara.

Eso es la progresividad en frío: una subida fiscal automática, silenciosa y cobarde. Deflactar el IRPF —mover los tramos al ritmo de la inflación— es la solución obvia. Tan obvia que algunas comunidades como Madrid, Andalucía o el País Vasco lo han hecho por su cuenta. El Gobierno central, no. Entre 2019 y 2023, este mecanismo le reportó a Hacienda unos 11.000 millones de euros adicionales, según el Banco de España.

Once mil millones recaudados sin aprobar ni una sola ley. Sin debate. Sin votación. Sin explicación.

Este truco no lo inventó Sánchez. Lo han usado todos. La progresividad en frío es la herramienta favorita de todo ministerio de Hacienda, sea del color que sea.

III. El mejor argumento del contrario (y por qué no se sostiene)

Antes de seguir, conviene hacerse cargo del argumento más inteligente que puede esgrimirse en defensa de la presión fiscal española. Porque existe, y no es trivial.

España tiene una población envejecida: más de 9,5 millones de pensionistas. Tiene un sistema sanitario universal que cuesta 106.000 millones al año. Tiene una red de prestaciones sociales —desempleo, dependencia, becas, subsidios— que no se financia sola. Y tiene unos salarios bajos que generan una recaudación per cápita inferior a la media europea, lo que obliga a tipos impositivos altos para sostener servicios equivalentes. Reducir impuestos sin reducir prestaciones, dice este argumento, es una ecuación imposible: alguien tiene que pagar la sanidad, las pensiones y las carreteras.

Todo eso es cierto. Y es precisamente por eso que el problema no es de ingresos, sino de gasto.

La recaudación fiscal española batió récord en 2024: 271.935 millones de euros. Es la cifra más alta de la historia. Desde 2019, la recaudación ha subido en 127.744 millones nominales, 59.461 millones ajustados por inflación. Son 6.614 euros más por hogar. Con todo ese dinero extra, el Estado sigue endeudándose. Las listas de espera sanitarias no bajan. La justicia sigue tardando tres años en resolver un pleito menor. Los trenes descarrilan. Y mientras tanto, el Ejecutivo alcanza los 1.747 nombramientos de confianza, la cifra más alta jamás registrada.

El problema no es que el ciudadano pague poco. El problema es que lo que paga se gestiona mal, se gasta peor y nadie rinde cuentas. El argumento de «hacen falta impuestos para mantener el Estado del bienestar» es correcto en abstracto e irrelevante en concreto, porque presupone una gestión eficiente que no existe. Es como decirle a un paciente con una hemorragia activa que necesita más sangre, cuando lo que necesita es que le cierren la herida.

Se que no todo es desastre. España tiene el sistema de trasplantes más eficiente del mundo — 35 años consecutivos liderando el ranking mundial, con 49,7 donantes por millón de habitantes, el doble que la media europea—. Tiene una red de emergencias sanitarias que responde con eficacia probada. Tiene bomberos, UME y cuerpos de seguridad que cuando se desata el infierno —la DANA de Valencia, los incendios de Tenerife, el terremoto de Lorca— dan la cara con medios escasos y una profesionalidad que humilla a quienes les recortan el presupuesto. Tiene médicos de atención primaria que atienden a 40 pacientes al día por 3.200 euros al mes. Tiene profesores que sostienen la enseñanza pública con ratios de 30 alumnos por aula y material que compran de su bolsillo.

Todo eso funciona. Funciona a pesar del sistema, no gracias a él. Funciona porque hay personas competentes y vocacionales en la trinchera, no porque el gasto político esté bien dirigido. Y precisamente por eso el argumento de «necesitamos impuestos para mantener los servicios» es tramposo: los servicios que funcionan lo hacen con una fracción del presupuesto, mientras el grueso se evapora en la maquinaria que hemos descrito. El problema no es el gasto en el cirujano de trasplantes ni en el bombero de guardia. Es el gasto en el asesor número 1.747, en la campaña de publicidad institucional número 124, y en la subvención directa a la asociación de cinco personas que organiza paseos.

Quien defiende la presión fiscal actual sin cambios no está defendiendo a los trasplantes. Está defendiendo a los chiringuitos que se esconden detrás de ellos.

IV. ¿Y a dónde va? El festín del gasto político

El contribuyente medio podría aceptar —a regañadientes— que más de la mitad de su esfuerzo se lo lleve el Estado, si eso se tradujera en hospitales sin listas de espera de seis meses, carreteras sin baches y una justicia que funcione en plazos razonables. Pero cuando miras el desglose del gasto, encuentras algo distinto.

¿Cuánta gente vive de la política en España? Según el Ministerio de Política Territorial y los datos cruzados de Maldita.es y el sindicato CSIF: unos 73.000 cargos electos, más 4.300 altos cargos entre la Administración central y las autonomías, más unos 20.000 asesores y personal eventual de confianza. Casi cien mil personas viviendo, directa o indirectamente, de tu nómina.

Cien mil personas que se desplazan. La flota de vehículos oficiales del sector público estatal asciende a 37.772 unidades. De ellos, 1.029 están destinados al transporte de autoridades solo en la Administración central, servidos por 834 conductores. El presidente del Gobierno tiene asignados 64 coches oficiales. Sesenta y cuatro. Uno de ellos, un Audi A8 blindado, costó 498.042 euros. Si sumas las flotas autonómicas y municipales, la cifra total de vehículos al servicio de cargos políticos se estima en unos 5.000.

El actual Ejecutivo ha alcanzado los 1.747 nombramientos de confianza, según la IGAE. El coste total en 2024 fue de 163 millones de euros. A enero de 2025, el Ejecutivo disponía de 948 asesores eventuales, 344 más que en el último año de Rajoy. Más de la mitad —477— trabajan directamente para el presidente y su ministro de Presidencia, un volumen que por sí solo supera al de gobiernos completos de etapas anteriores. La estadística oficial, como siempre, es la punta del iceberg: a finales de 2024, el Gobierno contaba con 1.217 asesores y personas de confianza, 375 más de los que muestra la cifra oficial.

El gasto en personal eventual pasó de 41,4 millones en 2018 a 75,4 millones: un incremento del 82,3% en seis años. Pero la partida más opaca es la que más crece: la categoría «otros» saltó de 20,1 millones a 89,6 millones. Un aumento del 346%. Nadie sabe exactamente qué incluye ese cajón de sastre.

Y hay que entender la naturaleza de este gasto. No estamos hablando de médicos, profesores, policías o bomberos. Estamos hablando de conductores, maquilladores, responsables de comunicación, asesores de imagen, gestores de la agenda privada de la esposa del presidente. Personal cuya función es servir al poder, no al ciudadano.

Lo que vale para el Gobierno central vale, multiplicado por diecisiete, para las autonomías. Cada comunidad tiene su presidente, sus consejeros, sus viceconsejeros, sus secretarios generales, sus directores generales, sus asesores, sus coches, sus chóferes, sus gabinetes. Y por debajo, 8.131 ayuntamientos. Un Estado dentro del Estado dentro del Estado.

Pero quizá lo más revelador no sea ninguna cifra. Es que la cifra total no existe. Nadie en España puede decirte cuánto cuesta exactamente la clase política. Ni Hacienda, ni el Tribunal de Cuentas, ni la IGAE. Lo que hay son fragmentos dispersos e inconexos. Y esa opacidad no es un fallo del sistema. Es el sistema.

V. El sumidero exterior: cooperación y el agujero negro de la ayuda al desarrollo

Aquí entramos en terreno espinoso, porque criticar el gasto en cooperación internacional te convierte automáticamente en un desalmado. Conviene, pues, que presente credenciales antes de que nadie active el reflejo pavloviano.

He cruzado en moto la Ruta de la Seda desde España hasta China. He dormido en yurtas kirguisas y he comido lo que había en aldeas mongolas donde no llega el agua corriente. He visto niños descalzos jugando en vertederos de Asia Central y hospitales donde la anestesia es un lujo y la radiología un rumor. He visto las cochiqueras del mundo —las de verdad, no las de los documentales con fondo de violín— y reconozco que parte de mí se ha desalmado. Cuando has convivido con la miseria real, la retórica solidaria de despacho te suena a perfume barato en un quirófano sucio. Precisamente por eso, los números merecen escrutinio.

La Ayuda Oficial al Desarrollo española alcanzó en 2024 los 4.000 millones de euros. Es una cifra que supera el presupuesto del Ministerio de Justicia. Y la pregunta no es si hay que ayudar a los países pobres, sino si ese dinero llega adonde debe.

Cuando rascas, descubres un ecosistema de subvenciones que funciona como un circuito cerrado de financiación entre el Estado y un universo de ONGs y fundaciones cuya actividad principal parece ser, precisamente, recibir subvenciones. La AECID financia mediante concesión directa —sin concurrencia competitiva, a dedo— a entidades con justificaciones grandilocuentes: «contribuir a la promoción de la cultura iberoamericana», «potenciar la cooperación feminista e interseccional», «acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030». La propia descripción del nuevo Estatuto de la AECID es un monumento a la jerga burocrática: su fin es «contribuir a la construcción de sociedades y economías que pongan a las personas en el centro, mediante la reducción de las desigualdades y la lucha contra la pobreza y todo tipo de discriminación, el impulso de la igualdad de género desde un enfoque de cooperación feminista e interseccional».

Las subvenciones de concesión directa no requieren justificación de resultados equiparable a la que Hacienda te exige a ti por una factura de veinte euros. Equivócate en un gasto deducible de tu declaración de la renta y verás lo que tarda la Agencia Tributaria en pedirte explicaciones, recargos e intereses de demora. Pero destina un millón de euros públicos a «acelerar la Agenda 2030 desde un enfoque interseccional» y nadie te pregunta qué has acelerado, ni adónde ha llegado la intersección, ni cuántas personas han dejado de ser pobres gracias a tu informe. El doble rasero fiscal no es un defecto del sistema. Es el sistema.

Hasta las propias ONGs lo reconocen: la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo denunció en 2025 que parte del aumento de la AOD se debe a «ayuda inflada» —partidas que se contabilizan como cooperación pero que no contribuyen directamente al desarrollo—, incluyendo los costes de acogida de refugiados en España, que se computan como si fueran ayuda al desarrollo de otros países. Contabilidad creativa con fondos públicos. A mí, cuando le pregunté a mi asesor fiscal si podía ser un poco creativo con las cuentas de mi empresita, me dijo que ni se me ocurriera.

Y una cifra de perspectiva: 41.493 millones de euros en subvenciones repartidas entre empresas, sindicatos, ONGs, asociaciones y fundaciones en un solo año. España gastó en 2024 unos 106.000 millones en sanidad pública. Lo repartido en subvenciones equivale al 39% de esa cifra. Casi cuatro de cada diez euros que costó mantener vivo el sistema sanitario se fueron en ayudas a entidades cuyo rendimiento nadie evalúa con el rigor que se le exige a un hospital para justificar el gasto en gasas.

VI. El Estado comodín: cuando el árbitro juega y no cumple sus propias reglas

Hay una dimensión del problema que trasciende los números y entra en el terreno de los principios. 

Es la siguiente: el Estado que te exige cumplir la ley al milímetro —con recargos, intereses de demora y sanción si te retrasas un día— se exime sistemáticamente de cumplir las mismas normas que impone. No por descuido. Por está diseñado así. Porque cuando tú incumples, hay un aparato represor que te persigue. Pero cuando incumple él, no hay nadie al otro lado del mostrador.

Veámoslo con hechos, quitándonos las orejeras de la cara.

El mayor infractor laboral de España lleva escudo oficial del gobierno.

La reforma laboral de 2021 —la de Yolanda Díaz, la que iba a acabar con la precariedad— prohíbe expresamente encadenar contratos temporales para cubrir necesidades permanentes. Si una empresa privada encadena contratos de duración determinada más allá de los límites legales, se expone a que el trabajador sea declarado fijo, a una indemnización y a una sanción de la Inspección de Trabajo. Es la ley. Aplica para todos.

Para todos menos para la Administración.

Y que nadie se lleve a engaño: esto no es un descubrimiento de Yolanda Díaz. El principio de que encadenar contratos temporales para cubrir necesidades permanentes constituye fraude de ley no nació con la reforma de 2021. El artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores ya establecía que un trabajador encadenado más de 24 meses en un periodo de 30 pasaba a ser fijo. La jurisprudencia llevaba décadas tumbando contrataciones temporales que cubrían puestos estructurales. Lo que hizo la reforma fue restringir los supuestos —eliminó el contrato de obra o servicio, que era el coladero clásico— y endurecer los límites. Pero el principio jurídico de base estaba ahí desde mucho antes. Lo que nunca estuvo fue el cumplimiento. Al menos no para quien redacta la norma. La Administración llevaba ya años haciendo exactamente lo que la ley prohibía, y la reforma de 2021, que supuestamente venía a acabar con la precariedad, no tocó ni una coma del régimen de interinidad pública. Se endureció la ley para el empresario. Para el Estado, ni agua. 

El TJUE ha condenado a España en tres ocasiones —sentencias de febrero y junio de 2024, y la doctrina consolidada en los asuntos C-331/22 y C-332/22— por el uso abusivo de contratos temporales encadenados en la Administración Pública. La tasa de temporalidad en el empleo público español se sitúa en el 29%. Hay funcionarios interinos que llevan 20 años encadenando nombramientos temporales para ocupar plazas estructurales que nunca se convocan. Veinte años. En enero de 2026, el Tribunal Supremo tuvo que declarar fija a una profesora del Conservatorio de Pamplona que llevaba más de una década con contratos temporales consecutivos. ¿La Administración sancionada? No. ¿Consecuencias para el responsable que firmó esos contratos? Ninguna. ¿Indemnización disuasoria? El TJUE dice explícitamente que la de 20 días por año que prevé la ley española no lo es, y que convertir al temporal en «indefinido no fijo» —que es el invento español para no darle la plaza sin oposición— tampoco resuelve nada.

Es decir: la Administración lleva décadas haciendo exactamente lo que le prohíbe al sector privado, el tribunal europeo la condena una y otra vez, y el legislador español no modifica la norma porque modificarla implicaría convocar las plazas, lo que cuesta dinero. Mientras tanto, al empresario que encadena dos contratos temporales le cae la Inspección antes de que se enfríe el café.

Cuando gestiona el Estado: pérdidas que pagan otros.

Si una empresa privada acumula pérdidas durante años, quiebra. Si una empresa pública acumula pérdidas durante años, se rescata con dinero del contribuyente y se pone al frente al siguiente amigo del partido.

Correos es el caso de manual. Bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano —exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, nombrado días después de que este llegara a la Moncloa—, la empresa pública acumuló más de 1.200 millones de euros en pérdidas. Algunos sindicatos elevan la cifra a 1.500 millones. En su último año, Serrano cobró 207.078 euros de retribución bruta. Al salir de Correos, fue nombrado director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, que gestiona las autopistas rescatadas. Promoción por méritos, sin duda.

¿La solución para Correos? Un rescate de 3.000 millones de euros aprobado por el Congreso en julio de 2025, con los votos de PSOE y PP, ojo al dato. Tres mil millones de dinero público para una empresa que bajo gestión política perdía 30 millones al año solo en unos centros logísticos redundantes que nadie necesitaba, cuyo coste de personal representaba el 90% de los ingresos, y que llegó a pedir un préstamo para pagar las nóminas. Si tú gestionas así tu negocio, el banco te ejecuta la hipoteca. Si lo hace el Estado, te sube los impuestos para pagar el agujero.

Pero Correos no es una anomalía. Es el patrón.

Las autopistas radiales de Madrid, inauguradas a bombo y platillo por Aznar, Cascos y Aguirre como ejemplo de colaboración público-privada, quebraron todas. Las expropiaciones se dispararon de 400 a 2.200 millones, los sobrecostes de construcción sumaron otros 500 millones, y el tráfico nunca llegó a las previsiones porque alguien —no se sabe quién, nunca se sabe— hizo los cálculos con una regla de madera mojada. El Estado asumió nueve autopistas en quiebra y las traspasó a una sociedad pública. La factura para el contribuyente se estima entre 3.000 y 6.000 millones, según las fuentes. Las constructoras que participaron —ACS, Ferrovial, Sacyr, Acciona— reclamaron y cobraron su responsabilidad patrimonial. Privatización de beneficios, socialización de pérdidas: la vieja fórmula.

Pero todo lo anterior es calderilla comparado con el gran agujero.

El rescate bancario. 66.000 millones inyectados entre FROB y Fondo de Garantía de Depósitos. De ellos, 41.300 millones procedían del Mecanismo Europeo de Estabilidad —dinero que el Estado español tiene que devolver, es decir, que devolvemos nosotros—. A cierre de 2022, el impacto acumulado sobre la deuda pública vinculado al rescate bancario ascendía a 74.000 millones. El FROB solo ha recuperado el 11,93% de lo invertido. Bankia recibió 22.424 millones; el Estado espera recuperar, en el mejor de los casos, 9.000. La SAREB —el «banco malo»— arrastra un patrimonio negativo de más de 14.000 millones.

Conviene, eso sí, no caer en la demagogia fácil tan manida en este tema. ¿Era el rescate evitable? Probablemente no. Las cajas de ahorros concentraban cerca del 50% de los depósitos del país. Su caída desordenada habría arrastrado los ahorros de millones de familias, cortado el crédito a la economía real y paralizado el sistema de pagos. El precedente de Lehman Brothers estaba fresco: dejar caer una entidad sistémica puede salir más caro que rescatarla.

El problema no es que se rescatara. El problema es por qué hubo que hacerlo, quién provocó el desastre y quién pagó la factura.

Aquí entran las cajas de ahorros españolas, que no quebraron por una fatalidad del mercado. Quebraron porque sus consejos de administración estaban colonizados por políticos, sindicalistas y cargos institucionales designados por los partidos, sin formación financiera, sin accionistas ante quienes responder y sin un solo euro propio en juego. Financiaron aeropuertos sin aviones, urbanizaciones sin compradores, eventos de escaparate y operaciones inmobiliarias de riesgo estratosférico. El que firmaba el crédito sabía que nunca rendiría cuentas. Bankia es el caso emblemático —22.424 millones de rescate—, pero no el único: CAM, CatalunyaCaixa, Novagalicia, CCM… el patrón se repite con precisión de calco. Políticos en los consejos, expansión crediticia temeraria, burbuja, colapso y factura al contribuyente.

¿Consecuencias para los responsables? Rodrigo Rato fue condenado, sí —pero por delitos fiscales y apropiación indebida, no por haber hundido Bankia—. Del resto de consejeros políticos que aprobaron operaciones ruinosas en decenas de cajas, las condenas penales se cuentan con los dedos de una mano. La mayoría salió por la puerta con indemnizaciones millonarias. El coste lo absorbimos todos. Los 66.000 millones son deuda pública. Tu deuda. La del recién nacido con 34.500 euros grapados a la partida de nacimiento.

Existe un caso más chusco, si es que eso era posible: Plus Ultra. Una aerolínea con un solo avión en alquiler, que representaba el 0,03% de los vuelos nacionales, que arrastraba pérdidas desde su fundación y cuyo accionariado mayoritario estaba vinculado a tres empresarios venezolanos con sociedades en Panamá. Declarada «empresa estratégica» y rescatada con 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia. En diciembre de 2025, la Policía registró su sede por presunto blanqueo de capitales, y los técnicos del Ministerio de Economía han reconocido que informaron en contra del rescate pero fueron desautorizados por orden política. Air Europa: 475 millones, tramitados en 70 días —frente a una media de 355 para el resto—, con la participación acreditada de Aldama, Koldo García y la trama que hoy investiga la Audiencia Nacional. Los técnicos, de nuevo, advirtieron que una empresa en proceso de venta a un grupo extranjero difícilmente podía justificar un rescate «estratégico». De nuevo, fueron ignorados.

Y luego está Adamuz. Doscientos millones de euros. Eso es lo que recibió Adif en fondos europeos —90 millones del Banco Europeo de Inversiones en 2022 y 111,6 millones del FEDER en 2024— para renovar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que el propio BEI certificó que se encontraba «al final de su vida útil». El proyecto incluía sustitución de raíles y traviesas, mejora de puentes y túneles, estabilización de terraplenes, renovación de instalaciones. El ministro Óscar Puente declaró en mayo de 2025 que la renovación integral estaba «finalizada». El 18 de enero de 2026, un tren de Iryo descarriló en Adamuz, invadió la vía contigua y colisionó con un Alvia que circulaba en sentido contrario. Cuarenta y seis muertos. Días después, el Gobierno reconoció que no se habían sustituido las traviesas en el tramo del accidente —una de las actuaciones principales del proyecto financiado con dinero europeo—. La renovación, resultó, no había sido «integral» sino «parcial». Doscientos millones de euros. Cuarenta y seis ataúdes. Nadie ha dimitido.

Si tú pides un crédito ICO de 50.000 euros, necesitas avales, un plan de negocio, cuentas auditadas, la bendición del ángel Gabriel y tres meses de tramitación. Si eres amigo del presidente, te dan 475 millones en 70 días y nadie te pide ni un plan de viabilidad que no venga precalentado.

Lees todo esto, lo ves en la televisión, lo escuchas en la radio, y si eres mínimamente consciente llegas a una conclusión incómoda: el mayor riesgo para tu patrimonio no es el mercado, ni la inflación, ni una crisis global. Es tu propio gobierno.

El patrón.

Lo que une estos casos no es la ideología. No es izquierdas ni derechas: Correos lo hundió un socialista, las radiales las inauguró un popular, el rescate bancario lo ejecutó Rajoy, Plus Ultra lo firmó Sánchez. Lo que los une es algo más estructural: el Estado se ha construido un régimen de excepcionalidad permanente. Puede contratar abusivamente sin consecuencias. Puede gestionar empresas hasta la ruina y rescatarlas con tu dinero. Puede exigirte a ti una factura por cada céntimo y no rendir cuentas por miles de millones. Puede sancionar al ciudadano que incumple y premiarse a sí mismo cuando incumple más y peor.

En derecho, cuando una de las partes de un contrato puede modificar unilateralmente las condiciones, fijar las sanciones, aplicarlas al otro y eximirse a sí misma, eso no se llama contrato. Se llama imposición. Y cuando, además, el coste de esa imposición crece cada año y el beneficio para el ciudadano disminuye, lo que tienes no es un Estado de derecho. Es un Estado de hecho.

Con placa, membrete y Boletín Oficial.

VII. El chiringuito doméstico: subvenciones sin rendición de cuentas

Conviene dejar algo claro para que nadie active el reflejo de la indignación automática: este análisis no cuestiona la igualdad entre hombres y mujeres. Es un principio constitucional, un derecho fundamental y una conquista civilizatoria que no admite discusión.

Lo que se cuestiona es el uso de la palabra «igualdad» como llave maestra para acceder a financiación pública sin exigencia de retorno. Y este es exactamente el mismo problema que describí en cooperación internacional y en los asesores políticos: dinero público sin métricas de resultado, sin auditoría seria y sin consecuencias cuando se evapora. El patrón es idéntico; solo cambia la etiqueta.

Porque hay un mecanismo que se repite con precisión de relojero: si quieres dinero público, pon «perspectiva de género» en la memoria del proyecto, pinta tu logo de morado y redacta el objeto social con suficiente densidad de términos como «interseccional», «cuidados» o «nuevas masculinidades». No necesitas demostrar que tu actividad produce un beneficio medible. No necesitas acreditar resultados previos. Solo necesitas hablar el idioma. Y este idioma cotiza al alza.

El Ministerio de Igualdad, con un presupuesto de 573 millones de euros, destina una parte sustancial a financiar un entramado de asociaciones cuya actividad consiste, fundamentalmente, en organizar simposios, convocar premios y publicar estudios que justifiquen la necesidad de más subvenciones. Mención especial para «Herstóricas» —así, con hache de «her»—, una asociación de cuatro o cinco personas que organiza paseos urbanos feministas, que en verano no programa actividades, y que recibe subvención directa aprobada en Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Un Consejo de Ministros entero dedicó parte de su tiempo a aprobar esto.

La Federación de Mujeres Progresistas, presidida por una mujer con cargo público en el PSOE, ha recibido 8,4 millones de euros en cuatro años. Mientras, los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género —que deberían ir a proteger a mujeres en riesgo real— han terminado financiando carreras de tacones, pasos de peatones arcoíris y una célebre campaña sobre la masturbación a los 60 años que costó 2,8 millones de euros. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha documentado 119 casos de posible desvío de estos fondos.

La paradoja es sangrante: más presupuesto que nunca para Igualdad, y récord de agresiones sexuales y feminicidios. Si cada año se destinan más recursos y los indicadores no mejoran, solo caben dos conclusiones: o el dinero no se está gastando bien, o no se está gastando en lo que dicen. En ambos casos, el contribuyente merece una explicación que no llega.

Y que nadie se llame a engaño sobre el origen: la Ley Orgánica 3/2007, aprobada por Zapatero, establece un mandato legal que se ejecuta en cascada. Cada nivel administrativo debe tener su plan, su instituto, su presupuesto y sus convocatorias. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, comprometió 254 millones en su Estrategia de Igualdad. El Ayuntamiento de Madrid, también del PP, acaba de aprobar otra por 261 millones. No es que la derecha quiera: es que no puede no hacerlo. Y ningún gobierno autonómico del PP ha propuesto la derogación de esa ley cuando ha tenido mayoría para hacerlo. El chiringuito tiene 17 sucursales autonómicas, miles de oficinas municipales, y una capacidad de replicación que haría palidecer a cualquier franquicia de comida rápida. La diferencia es que en una franquicia, si el producto no funciona, el local cierra. Aquí, si el plan no produce resultados, se prorroga.

VIII. La nueva aristocracia: prerrogativas y el contraste obsceno

Un expresidente del Gobierno tiene derecho a una pensión vitalicia de 79.336 euros brutos anuales, dos funcionarios a su disposición, dotación para gastos de oficina y servicios de seguridad. Los exministros cobran una indemnización del 80% de su sueldo por un periodo igual a su mandato. A nivel autonómico, cada comunidad tiene su propio estatuto de expresidentes con pensiones, consejeros natos, oficinas y chóferes.

Ahora comparemos. El trabajador medio español, tras 40 años cotizando, recibe una pensión media de jubilación de unos 1.440 euros mensuales. Si es autónomo, puede que no llegue a 900. Un expresidente cobra más que la pensión máxima por haber estado cuatro u ocho años en el cargo. Sin oposición, sin cotización especial, sin más mérito demostrable que haber ganado unas elecciones. O, en algún caso, una moción de censura.

Pero lo verdaderamente obsceno es el derecho que tiene la clase política de fijarse sus propios sueldos. La presidenta del Congreso cobra más de 230.000 euros anuales. Seis alcaldes de grandes ciudades cobran más que el presidente del Gobierno. La alcaldesa de Marbella pasó de 19.000 euros a más de 95.000 tras una mayoría absoluta que aprobó la subida sin despeinarse. Y 1.357 municipios no informaron en 2024 de las retribuciones de sus regidores. El dato es obligatorio. Pero no cumplirlo no tiene consecuencias. Como casi nada en este país cuando el incumplidor es el poder.

Cuando el ciudadano pierde poder adquisitivo, cuando la inflación le come el sueldo, la clase política se aplica sus incrementos con la puntualidad de un tren japonés.

IX. La deuda como confesión de incompetencia

Si con esa presión fiscal —la más alta de la serie histórica— el Estado no tiene suficiente, algo falla gravemente.

La deuda pública española se situó en noviembre de 2025 en el 101,5% del PIB: 1,693 billones de euros. Cada español debe ya unos 34.500 euros de recién nacido. Bienvenido al mundo, españolito: si antes era una de las dos Españas la que había de helarte el corazón, ahora es una notificación de Hacienda grapada a tu partida de nacimiento.

Desde 2019, España ha incrementado su presión fiscal en 1,9 puntos del PIB, mientras que el conjunto de la UE-27 la redujo en 0,9 puntos. Mientras 14 países europeos aligeraban cargas para estimular el crecimiento, España hacía exactamente lo contrario. Con todo ese dinero extra, el Estado sigue endeudándose. Esto no es un problema de ingresos. Es un problema de gestión. Gestionar implica priorizar, y priorizar implica decir que no a algo. Pero en una democracia clientelar, donde cada voto se compra con una subvención, decir que no significa perder apoyos.

Tampoco empezó con nadie en particular: Aznar heredó una deuda del 60% y la bajó al 36%, pero inflando una burbuja inmobiliaria. Zapatero la disparó al 70%. Rajoy la llevó al 100% con el rescate bancario. Sánchez la ha mantenido en la estratosfera. El patrón es siempre el mismo: gastar más de lo que se ingresa y endosar la factura al siguiente. Hasta que el siguiente resulta ser un recién nacido con 34.500 euros de deuda a su nombre.

X. El derecho a la defensa en negro

Hay una forma de resistencia fiscal que nadie reconoce en público pero que casi todo el mundo practica, tolera o comprende en privado. Se llama economía sumergida, y en España no es una anomalía marginal: es una institución nacional.

Según el estudio de Pappadà (Universidad de Venecia) y Rogoff (Harvard), publicado por el CEPR, la economía sumergida española se sitúa en torno al 24% del PIB —unos 330.000 millones de euros—. El FMI la estima más baja (17%), la Comisión Europea en el 15,8%. La horquilla importa: depende de si mides evasión del IVA, consumo eléctrico o encuestas. Pero incluso con la cifra más conservadora, estamos hablando de más de 200.000 millones fuera del radar. Solo Grecia e Italia nos superan en Europa.

De cada cuatro euros que genera la economía española, al menos uno no pasa por Hacienda. Es el fontanero que cobra en efectivo, el particular que alquila sin declarar, el restaurante que pregunta «¿con IVA o sin IVA?», el profesional liberal que factura por debajo de lo que ingresa. No son delincuentes organizados. Son tus vecinos.

¿Por qué lo hacen? El CIS, en su barómetro fiscal de 2025, da el diagnóstico: el 78,9% de los españoles cree que los impuestos no se cobran con justicia. El 63,5% los considera excesivos. El 54,8% no estaría dispuesto a pagar más ni para sanidad o educación. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 51% vería con naturalidad cobrar en negro. La mitad de una generación entera.

Digámoslo sin hipocresía pero también sin romanticismo: la economía sumergida no es justa. Perjudica al que cumple, distorsiona la competencia, vacía la Seguridad Social y desprotege al trabajador que la practica. No es un acto heroico. Es un síntoma.

Pero —y aquí viene el matiz que la ministra Montero no quiere oír— la economía sumergida no surge del vicio. Surge del abuso. Es el mecanismo de defensa de una sociedad que ha llegado a la conclusión racional de que el Estado le quita más de lo que le devuelve. Cuando la presión fiscal marginal efectiva alcanza el 57%, la economía en negro no es un delito contra la sociedad: es un acto de supervivencia contra el Estado.

Casi legítima defensa fiscal.

Nótese el «casi». Porque no lo es. Es ilegal y no resuelve el problema. Pero la economía sumergida no se combate con más inspectores, más multas y más limitaciones al efectivo. Se combate bajando impuestos, simplificando trámites y demostrándole al ciudadano que su dinero no se tira en 1.747 asesores y una asociación de cinco personas que cobra del BOE por organizar paseos.

Mientras el contrato fiscal siga roto, el negro seguirá existiendo.

XI. La paradoja final

La Revolución Francesa derrocó a una aristocracia que vivía del trabajo ajeno, se eximía de impuestos y acumulaba privilegios hereditarios. Doscientos y pico años después, hemos construido una nueva aristocracia que vive del trabajo ajeno, se exime de las reglas que impone a los demás y reparte los cargos entre los suyos. Con dos diferencias: la antigua aristocracia, al menos, no pretendía que lo hacía por tu bien. Y le gustaban la literatura y la ópera, que no es poco, comparado con los analfabetos funcionales que ahora confunden un hemiciclo con un plató de televisión.

El trabajador medio español trabaja hasta agosto para el Estado. Un Estado que con ese dinero no consigue reducir las listas de espera, ni mantener las carreteras, ni garantizar una justicia que funcione. Pero sí consigue mantener 1.747 cargos de confianza, 573 millones en un ministerio cuyos indicadores no mejoran, y la asesora de agenda privada de la esposa del presidente.

La cuestión no es si hay que pagar impuestos.

Es cuánto. Y sobre todo, para qué.

Mariano Barbacid, uno de los oncólogos más prestigiosos del mundo, acaba de lograr algo que la comunidad científica consideraba casi imposible: eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales, sin resistencias y sin efectos secundarios significativos. El cáncer de páncreas mata al 95% de quienes lo padecen. Para dar el salto a ensayos clínicos en humanos, Barbacid necesita 30 millones de euros.

Los está mendigando.

La Fundación CRIS contra el Cáncer ha abierto una campaña de recaudación popular. Barbacid ha tenido que ir a la televisión a pedir ayuda, como quien pasa el platillo. El Ministerio de Ciencia no se ha puesto en contacto con el equipo.

Ni una llamada. Ni un comunicado. Nada. 

Perdonad, miento. El Gobierno no se ha limitado a ignorar a Barbacid. Le ha recortado un 25% la financiación pública este mismo año —dato que el propio científico confirmó en COPE—. Ni Sánchez ni la ministra Morant, de quien depende directamente el CNIO, han pronunciado su nombre. El presidente tuvo tiempo de interpelar a Elon Musk y felicitar a Alcaraz por el Open de Australia, pero ni una palabra sobre el hallazgo oncológico más importante del año. El Día Mundial del Cáncer, Sánchez publicó un vídeo institucional lleno de palabras como «equidad», «innovación» y «desafío de país», sin mencionar a Barbacid ni anunciar un solo euro nuevo. Ese mismo Consejo de Ministros aprobó 270 millones de euros en publicidad institucional para 2026. Mientras, elDiario.es —el medio de referencia del ecosistema mediático del Gobierno— publicaba un artículo cuestionando las «expectativas creadas» por Barbacid y recordando que en 2011 el Ministerio le acusó de «jugar con el dolor». El patrón es viejo: si un científico reclama en público lo que el poder no quiere dar en privado, no hace falta atacarle. Basta con ignorarle, recortarle y hacer  que sus medios afines le cuestionen. Su pecado, al parecer, es que lo suyo no es ciencia roja. En la Alemania del 36 hacían lo mismo: no necesitaban quemar libros si podían vaciar laboratorios. 

RTVE acaba de renovar a Broncano por dos temporadas más con un contrato de 31,5 millones de euros, que se suman a los 28 del acuerdo original. Casi 60 millones de euros públicos en cuatro años de televisión. El coste de la fase clínica que podría salvar miles de vidas equivale a la mitad de lo que cuesta un cómico en horario de acceso. Una asociación de cinco personas que organiza paseos recibe subvención directa aprobada en Consejo de Ministros. Un científico que puede revolucionar la oncología mundial tiene que pedir cinco euros por internet.

Los números que nos asfixian hablan solos. Gritan la incompetencia del estado a los cuatro vientos. Las cifras no necesitan comentario. Están ahí, publicadas, accesibles, verificables. Quien las ignora no es que no las vea. Es que prefiere no mirar. 

 Post mortem. Epilogo final

Hay algo peor que el robo. Es el robo vestido de virtud.

Cuando el poder te esquilma, le llama solidaridad. Cuando te espía, le llama seguridad. Cuando te censura, le llama convivencia. Cuando financia con tu dinero lo que tú jamás financiarías, le llama progreso. La confiscación fiscal no se presenta nunca como lo que es —un mecanismo de extracción y control—, sino como un acto de generosidad colectiva del que tú, por alguna razón, no puedes excluirte.

Es el mismo patrón que opera a escala civilizatoria. Jeffrey Epstein organizaba el tráfico sexual de menores en una isla privada mientras cenaba con premios Nobel, presidentes, filántropos y defensores públicos de los derechos humanos. Los que firmaban manifiestos por la igualdad de la mujer volaban en el Lolita Express. Los que legislaban contra la trata posaban en galas benéficas con el anfitrión. Cuando se destapó, nadie sabía nada. Nadie había visto nada. La lista de pasajeros sigue parcialmente sellada y ningún gobierno del mundo ha exigido su apertura completa. Porque la lista no contiene nombres de desconocidos.

Esa es la arquitectura moral de nuestro tiempo: la virtud como fachada, la depredación como práctica, y el silencio como pacto. El Estado te exige transparencia fiscal absoluta mientras sus cuentas son laberintos opacos. Te predica austeridad mientras mantiene 37.772 coches oficiales. Te habla de justicia social mientras sus cargos cobran pensiones vitalicias por cuatro años de servicio. Y si protestas, no eres un ciudadano que exige rendición de cuentas: eres un antisistema, un egoísta y un insolidario.

Occidente no se está hundiendo porque le ataquen desde fuera. Se hunde porque quienes lo dirigen han convertido las instituciones en instrumentos de extracción personal disfrazados de bien común. Y porque nosotros, los esquilmados, los sisifos del mundo, seguimos aceptando el relato. Seguimos creyendo que pagar más nos hace mejores. Seguimos votando a los mismos. Seguimos aplaudiendo cuando el ladrón nos explica que el robo es por nuestro bien.

Este ensayo no va a cambiar nada de eso. Ningún texto cambia nada. Pero al menos deja constancia de que alguien miró los números, leyó la letra pequeña y se negó a aplaudir.

 

BIBLIOGRAFÍA

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