¡DANA!
Qué nombre más amable le pusieron los meteorólogos a la catástrofe. DANA.
Suena a vecina que te trae tuppers, a tía que hornea bizcochos, a esa Ana con la que todos soñamos en secundaria.
Depresión Aislada en Niveles Altos, dicen los técnicos, como si el desastre mereciera un acrónimo entrañable, un diminutivo cariñoso para el apocalipsis.
Pero DANA no trae tuppers. DANA arrasa pueblos, convierte calles en torrentes y automóviles en juguetes rotos. DANA es la prueba de que la naturaleza no lee partes meteorológicos y de que ponerle nombre bonito a la tragedia es el último consuelo de una civilización que cree controlar lo incontrolable con siglas y protocolos.
Debieron llamarla FURIA o CAOS.
LA GRAN COMEDIA ESPAÑOLA.
229 CADÁVERES NO FUERON SUFICIENTES PARA QUE ALGUIEN HICIERA SU TRABAJO
Obertura: El Arte Español de Mirar para Otro Lado
Existe una tradición en España que trasciende ideologías, gobiernos y generaciones: la capacidad infinita de convertir cualquier catástrofe en un ejercicio de incompetencia coordinada donde todos tienen la culpa y, paradójicamente, nadie es responsable.
La DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024 representa la culminación perfecta de este arte nacional. Doscientos veintinueve muertos oficiales —permitidme el mal gusto de la precisión— no bastaron para que ninguna administración pública española hiciera lo que debía cuando debía. Y lo más patético: todas, absolutamente todas, tenían medios legales, precedentes jurídicos y recursos presupuestarios para actuar. Simplemente decidieron no hacerlo.
O no sabían.
Lo que sigue no es un análisis político, sino la autopsia forense de un fracaso colectivo tan monumental que roza lo cómico. Si no fuera porque hay cadáveres de por medio, podría venderse como sátira sobre la condición humana. Pero los cadáveres están ahí, flotando en el barro de nuestro peculiar modelo de Estado autonómico, ese invento maravilloso que nos permite tener diecisiete maneras diferentes de hacer mal las mismas cosas.
Acto Primero: Las 72 Horas en las que España Desapareció
Comencemos por lo básico. Por ese detalle menor que los portavoces institucionales prefieren llamar «retraso en la coordinación de recursos» y que en lenguaje humano se traduce como: dejamos que la gente se pudriera en el barro durante tres días porque estábamos muy ocupados decidiendo de quién era la culpa.
Los testimonios de los afectados en la zona cero coinciden con unanimidad conmovedora: durante cinco días no hubo presencia de ningún cuerpo oficial del Estado. La única ayuda llegó de manos de civiles voluntarios.
Santiago Posteguillo, escritor, profesor universitario, residente a cincuenta metros del barranco del Poyo, declaró en el senado español, con voz indignadamente serena, que en trece minutos había un torrente brutal de dos metros sin control. Al amanecer no había nadie institucional. Tampoco el segundo día. Su llamada al ejército recibió una respuesta que no puede revelar públicamente —lo cual ya es un dato en sí mismo— pero que le llevó a concluir que debía «salir de allí por sus medios». El tercer día empezaron a llegar voluntarios. Ningún personal institucional.
Tres días. Setenta y dos horas.
El tiempo que tardó el Estado español en aparecer por Paiporta es superior al que necesitó el Ejército Rojo para rodear Berlín en 1945.
Cien días después de la tragedia, los vecinos de Paiporta mantenían que cada uno se salvó como pudo, sin ayuda institucional coordinada, dependiendo de donaciones privadas y voluntarios civiles. El modelo de gestión de emergencias en la cuarta economía de la eurozona funciona con la misma eficacia que una ONG en un país subsahariano después de un golpe de Estado. La diferencia: en el país subsahariano tienen la excusa de que no hay Estado. Nosotros tenemos diecisiete.
La cronología merece reproducirse en su esplendor grotesco:
29 de octubre, 19:00 horas: llega la avenida de agua. 20:11 horas: suena la alerta ES-Alert, cuando ya había cadáveres flotando
30 de octubre: ausencia total de operativos estatales
31 de octubre: ídem
1 de noviembre, festividad de Todos los Santos: llegan los voluntarios civiles. No los institucionalmente organizados, sino los que se metieron en el coche y dijeron «pues nada, vamos a ver si hay alguien vivo ahí”
2 de noviembre: comienza el despliegue militar
3 de noviembre: 3 de noviembre: Sánchez y Mazón visitan Paiporta. Los vecinos les reciben con el entusiasmo habitual: a pedradas
Pedradas merecidas. Escasas.
En la rueda de prensa posterior, con 229 cadáveres sin recuperar, miles de damnificados viviendo en el barro y mas de tres días de abandono institucional, Sánchez ofreció la declaración que mejor resume su gestión de la crisis: «Yo estoy bien».
Él, Dei gratia, estaba bien.
Acto Segundo: Tocar la Lira Mientras Roma Arde
Carlos Mazón estuvo ausente del CECOPI hasta pasadas las 19:30 horas del 29 de octubre. Alguien tuvo que «explicarle» la situación tras un almuerzo de casi cuatro horas con una periodista.
Cuatro horas.
Permítanme insistir en este dato porque tiene la calidad onírica de esas películas del absurdo donde los personajes se comportan con naturalidad pasmosa mientras el mundo colapsa a su alrededor. Durante cuatro horas, mientras vecinos agonizaban viendo cómo el agua se llevaba coches, casas y vidas humanas, nadie sabía dónde estaba Mazón entre las 18:45 y las 20:28.
Atención, pregunta ¿Cómo un presidente autonómico, máxima autoridad del estado en su territorio, puede estar desaparecido? Y si ocurre, ¿quién toma el mando?
La explicación oficial: estaba ofreciendo la dirección de la cadena pública À Punt a Maribel Vilaplana. Una comida de trabajo. Cuatro horas. Para ofrecer un puesto de trabajo. En un restaurante llamado El Ventorro. Esas cuatro horas perseguirán a Mazón toda su vida
Mientras 771 litros por metro cuadrado caían sobre Turís y el barranco del Poyo alcanzaba los 2.409 metros cúbicos por segundo.
Dos mil, cuatrocientos, nueve, metros cúbicos. Por segundo.
Pongámonos en contexto hidráulico: el Ebro, el río más caudaloso de España, tiene un caudal medio de 675 metros cúbicos por segundo. La DANA multiplicó eso por 3,5. En cuestión de horas, por barrancos que normalmente llevan un hilillo de agua o están secos, circuló casi cuatro veces el caudal del río más caudaloso del país.
El Duero en su desembocadura lleva unos 660 m³/s. Imaginen todo ese río vertido de golpe por ramblas que en agosto son senderos para bicicletas.
Escala mundial: el Nilo tiene un caudal medio de 2.830 metros cúbicos por segundo. Los 2.409 m³/s de la DANA son el 85% del caudal medio del Nilo. El Paraná, segundo río más caudaloso de Sudamérica, tiene un caudal medio de 17.300 m³/s. El Yangtsé en China lleva 31.900 m³/s, el Orinoco 33.000 m³/s, el Congo 41.300 m³/s. La DANA no alcanzó esas cifras, claro. Pero concentró el equivalente al 14% del caudal del Paraná en cauces que deberían llevar nada.
No fue un río lo que pasó por Valencia. Fueron varios ríos grandes, varios Tajos comprimidos en barrancos estrechos, durante pocas horas, sobre urbanizaciones que nunca debieron estar ahí.
Y eso, amigos, no tiene nombre bonito que valga.
Hay algo profundamente español en esta escena: el líder autonómico negociando en un restaurante de alto nivel mientras su territorio se ahoga. Es el equivalente administrativo a lo que Nerón hizo con su lira y Roma, pero con peor gusto arquitectónico y, seguramente, bastante menos cultura.
Pero lo mejor del caso Mazón no es la comida, sino lo que vino después. La consejera Salomé Pradas confirmó que desconocía la existencia del sistema ES-Alert hasta esa tarde, pese a que la Generalitat había confirmado en 2024 que el sistema estaba activo.
Lean esto con calma.
La consejera responsable de Emergencias no sabía que existía el sistema de alertas de emergencia. Eso es como descubrir que el piloto de un avión no sabía que el aparato tenía frenos porque nunca los había necesitado.
La incompetencia alcanza aquí niveles tan puros, tan destilados, que casi resulta admirable. Hay que esforzarse mucho para ser tan inepto.
Acto Tercero: Sánchez, El Calculador que Prefirió la Aritmética Política a la Aritmética de Cadáveres
Pero seamos coherentes. Sería injusto cargar todas las culpas sobre el presidente autonómico. La incompetencia española es federal, transversal, ecuménica. Es Omnipresente
Pedro Sánchez tuvo un momento de gloria cuando admitió el 3 de noviembre que «la respuesta que se está dando no es suficiente». Pero optó por no decretar el estado de alarma ni declarar emergencia nacional nivel 3.
Su argumento, filtrado en conversaciones privadas, alcanza cotas de cinismo difíciles de superar: «Si de la mano de la Comunidad Autónoma esto es muy difícil, con la Comunidad en contra sería aún mas complejo«.
Traducción del dialecto político al castellano vulgar: «Sí, sé que Mazón es un incompetente. Sé que la gente se está muriendo. Sé que tengo potestad legal para intervenir. Pero si lo hago Feijóo me montará un pollo político del carajo, así que mejor esperamos a ver cuántos cadáveres salen y luego repartimos culpas».
El Gobierno consideraba que Mazón había sido sobrepasado desde el primer momento. Prefirió mantenerle en el mando «para evitar un choque institucional».
Doscientos veintinueve muertos no son un choque institucional. Eso es solo un choque. Brutal, cruel y tremendo.
Lo institucional vendría después, con las comisiones de investigación, los debates parlamentarios y toda esa liturgia española de convertir las tragedias en talk shows dignos de Gran Hermano y demás programas dirigidos a mono-neuronales.
Aquí el asunto se pone técnicamente interesante. Resulta que el Gobierno SÍ TENÍA instrumentos legales para intervenir. Dos, concretamente. Ambos con precedentes recientes.
Interludio Jurídico: De Cómo España Militarizó Controladores Aéreos en 19 Horas pero No Pudo Salvar Valencianos en 72
Diciembre de 2010. Los controladores aéreos españoles deciden hacer una huelga salvaje en el puente de la Constitución. El 3 de diciembre abandonan sus puestos, provocando el cierre del espacio aéreo español. Cifra de afectados: 650.000 pasajeros. Cifra de muertos: cero.
El conflicto comienza a las 17:20 del día 3. A las 12:30 horas del 4 de diciembre se publica en el BOE la declaración del estado de alarma, militarizando a los controladores.
Diecinueve horas y diez minutos.
En menos de un día, el Gobierno de Zapatero declaró el estado de alarma, militarizó a los controladores civiles y los puso bajo las órdenes del Jefe de Estado Mayor del Aire. Sin consultar a ninguna comunidad autónoma. Sin pedir permiso. Sin miedo al «choque institucional».
La justificación legal es deliciosa, edulcorada incluso: el Real Decreto argumentó que las circunstancias extraordinarias por el cierre del espacio aéreo impedían el ejercicio del derecho fundamental a la libre circulación y constituían una calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados.
Seiscientos cincuenta mil pasajeros en aeropuertos = calamidad pública de enorme magnitud.
Doscientos veintinueve cadáveres en el barro = situación que requiere «coordinación entre administraciones».
Hagamos una comparativa completa:
Controladores 2010: 650.000 afectados, cero muertos, diecinueve horas de respuesta, militarización inmediata.
DANA Valencia 2024: 229 muertos, 120.000 coches destruidos, 78 municipios arrasados, setenta y dos horas sin respuesta efectiva, ninguna intervención estatal.
Conclusión deprimente: en España, joder las vacaciones de 650.000 personas es una emergencia nacional que justifica la militarización. Que se mueran 229 personas ahogadas es un asunto de «competencias autonómicas» que requiere «coordinación interinstitucional».
Las prioridades están claras.
Pero hay más precedentes. Abril de 2025: el gran apagón eléctrico peninsular. Siete comunidades autónomas del PP y una del PSOE pidieron el nivel 3 por emergencia de interés nacional. ¿Y saben qué hizo el Estado? El Centro Nacional de Emergencias remitió un correo a todos los gobiernos autonómicos que aún no habían pedido la activación, requiriéndoles que confirmaran si consideraban la procedencia del nivel 3.
Plazo de respuesta: quince minutos.
El Estado no esperó pasivamente. Tomó la iniciativa, contactó proactivamente y estableció un ultimátum de tan solo 15 minutos. Por un apagón eléctrico. Sin muertos.
Pero en Valencia, con 229 cadáveres sobre la mesa, el argumento fue: «Si quieren ayuda que la pidan».
La esquizofrenia jurídica alcanza niveles clínicos. El marco legal permite al Gobierno declarar el estado de alarma sin solicitud autonómica. Se vio durante el Covid, cuando la mayoría de Comunidades gobernadas por el PP estaban en contra y, aun así, el Gobierno central lo aplicó.
Cuando Sánchez quiso encerrar a todo el país en casa durante meses, no le importó que Ayuso, Moreno Bonilla y compañía protestaran. Lo hizo igualmente.
Pero cuando había que salvar valencianos ahogándose en tiempo real, de repente el respeto competencial se volvió sagrado.
Contexto Histórico. La Presa Fantasma, 24 Años sin Hacer Nada
El problema viene de viejo. La negligencia no empieza en 2010 con el proyecto del encauzamiento del Poyo que nunca se licitó. No, señores. La negligencia tiene raíces más profundas, más antiguas, más bipartidistas.
Hablemos del Plan Hidrológico Nacional de 2001.
El 3 de julio de 2001 se aprobó el Plan Hidrológico Nacional bajo el segundo Gobierno de José María Aznar. Incluía entre las actuaciones previstas en la Cuenca del Júcar la «restitución y adaptación de los cauces naturales del barranco del Poyo».
Pero la joya de la corona era la presa de Cheste. El 3 de julio de 2004, el Gobierno de Zapatero anunció la creación de una presa en Cheste para evitar riadas en 16 pueblos, con una capacidad de unos ocho hectómetros cúbicos. La lista de municipios que quedarían protegidos es una premonición macabra: Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Cheste, Xirivella, Godelleta, Massanassa, Paiporta, Picanya, Ribarroja, Torrent, Quart de Poblet, Loriguilla, Mislata y Valencia capital.
Todos, absolutamente todos, los nombres que hoy conocemos por las listas de muertos.
La infraestructura prevista incluía la construcción de otros dos diques —uno en el barranco del Poyo y otro en el de Pozalet— que desaguarían en el cauce del Poyo para reducir el caudal por el efecto de laminación del propio embalse. El plan era completo, técnicamente sólido, ambientalmente estudiado. Incluía la adecuación del barranco desde su cruce con el by-pass y la creación de una gran vía verde de unos 30 metros de ancho que terminaría en un parque actuando como laguna de acumulación en casos de avenidas.
¿Y qué pasó con todo esto?
Lo de siempre.
El principal proyecto del Plan de 2001 era el trasvase del Ebro, un proyecto para transferir agua desde la cuenca del Ebro a Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Cuando Zapatero llegó a la Moncloa en 2004, derogó el trasvase del Ebro. Y con el trasvase se fue también la financiación europea del plan completo. Volvemos al punto 0
Para la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el centenar de actuaciones que sustituía al trasvase costaría 3.798 millones de euros, lo que supondría un ahorro de 400 millones con respecto al proyecto original del PP. Para procurar agua y realizar obras que prevengan inundaciones, en la Comunidad Valenciana se invertirían 1.219 millones.
Pero entre anunciar inversiones y ejecutarlas media el abismo que separa la retórica política de la realidad hidráulica a pie de calle.
La presa de Cheste nunca se construyó. La CHJ aseguró que «suponía unos costes socioeconómicos muy grandes» y acabó descartándose «por múltiples motivos», aunque no especificaron cuáles.
Traducción: no había voluntad política para hacerlo. Ni en 2004, ni en 2005, ni en 2010, ni en 2015, ni en 2020.
Veinticuatro años tirando la pelota para adelante.
Seamos técnicamente honestos. La presa de Cheste crearía un embalse con una capacidad de unos 8 hectómetros cúbicos. El barranco del Poyo durante la DANA alcanzó aproximadamente 110 hectómetros cúbicos. Lo sé, es matemática elemental: la presa sola no habría contenido la riada.
Pero —y aquí está el matiz crucial— habría formado parte de un sistema integral de infraestructuras que incluía los dos diques adicionales, la laminación del caudal y el encauzamiento completo. No es que una obra aislada fuera la panacea. Es que NO SE HIZO NADA de un plan completo que llevaba diseñado desde 2001.
La Fundación FAES señala que el ejecutivo autonómico valenciano suspendió por decreto la licitación de la limpieza y ampliación del cauce del barranco del Poyo con el pretexto verde de una «recuperación integral de la huerta valenciana». Ni siquiera la limpieza básica del cauce se hizo por motivos «ambientalistas». Es ecologismo mal entendido, ese que prefiere cañaverales salvajes a hidráulica preventiva, también tiene su cuota de responsabilidad aquí.
Veinticuatro años.
Seis gobiernos nacionales (tres del PP, tres del PSOE).
Tres gobiernos autonómicos valencianos (dos del PP, uno del PSPV-Compromís).
Todos, absolutamente todos, incumplieron.
El PHN de 2001 contemplaba las obras. El anuncio de 2004 las prometió. El proyecto de 2010 las diseñó.
Y en 2024, cuando llegó la DANA, no había ni un dique construido.
Acto Cuarto: El Plan que Nunca Existió, o Cómo el PP Demostró que la Solidaridad Es para los Discursos
Aquí es donde la historia alcanza su momento más exquisitamente español: la solidaridad interautonómica.
Castilla y León, Canarias y Ceuta son las únicas regiones que han aportado parte de sus fondos europeos no ejecutados a la reconstrucción de la DANA. Las cifras son conmovedoras: Canarias aportó 11,8 millones de euros, Castilla y León 7,1 millones y Ceuta 546.654 euros.
Total aportado entre autonomías: 19,4 millones de euros.
Sobre un presupuesto de reconstrucción estimado en 19.161 millones entre Estado y Generalitat, la solidaridad interautonómica representa un 0,1%.
Cero, coma, uno. Por ciento.
Es la cantidad de dinero que yo doy para el café cuando voy con un grupo y alguien saca la calculadora para dividir la cuenta.
Lo fascinante es que las trece autonomías gobernadas por el PP (contando coaliciones) tenían capacidad presupuestaria sobrada para hacer algo sustancial.
Andalucía maneja 48.871 millones en 2025. Madrid, 27.558 millones. Galicia, 13.954 millones. El presupuesto agregado de las trece autonomías del PP suma aproximadamente 131.700 millones de euros. Si cada una hubiera aportado un mísero uno por ciento de su presupuesto, estaríamos hablando de 1.317 millones de euros. Con un dos por ciento, 2.634 millones.
Suficiente para construir el encauzamiento completo del Poyo, limpiar todos los barrancos de Valencia y construir la presa de Cheste que Zapatero nunca hizo. Incluso sobraría dinero para un monumento a la eficacia autonómica.
¿Por qué no se hizo?
Porque habría requerido que alguien con dos dedos de frente dijera: «Miren, Mazón la ha cagado monumentalmente, pero son valencianos, coño!, son de los nuestros, y vamos a enseñarle a Sánchez cómo se hace la solidaridad sin esperar a que el BOE diga amén».
Habría requerido liderazgo político.
Liderazgo. Cuanto escasea, ¿verdad?
España lleva décadas inmunizada contra el liderazgo político del mismo modo que los antivacunas contra la inteligencia.
La excusa oficial: en diciembre de 2024, Sánchez planteó en la Conferencia de Presidentes que las autonomías ayudaran reprogramando parte de sus fondos europeos FEDER, pero era una medida voluntaria.
Voluntaria.
Como si la solidaridad fuera un plato en un bufé libre donde cada uno se sirve según el hambre política que tenga ese día. Las autonomías del PP se miraron las uñas, consultaron con sus asesores, hicieron cálculos electorales y concluyeron: «Mejor que lo pague Madrid, que nosotros ya tenemos nuestros propios problemas».
La oportunidad política perdida alcanza dimensiones tales que deberían amenazar el liderazgo del partido.
Imaginen el relato alternativo: febrero de 2025, Feijóo convoca una Conferencia de Presidentes del PP. Compromiso público: 2.000 millones de euros de las autonomías populares para Valencia en seis meses. Rueda de prensa conjunta de los trece presidentes autonómicos. Mensaje demoledor: «El Estado de Sánchez es incapaz, las autonomías del PP salvamos España».
El contraste habría sido brutal: 2.000 millones en efectivo versus 16.600 millones prometidos pero no ejecutados.
Pero no. El PP prefirió la estrategia conservadora de «criticar a Sánchez» sin mojarse. Y aquí seguimos, un año después, con víctimas afirmando que no han recibido ni un euro del Gobierno, solo ayudas testimoniales de la Generalitat, y con las autonomías del PP presumiendo de sus superávits fiscales mientras Paiporta sigue con el barro en las calles.
Acto Quinto: Un Año Después, Normalizar lo Intolerable
Permítanme ahora el ejercicio más deprimente de todos: el balance a un año vista.
Las cinco familias desalojadas de sus adosados en Catarroja, cuyas viviendas fueron demolidas en febrero, afrontan un futuro incierto sin recursos económicos para reconstruir. Viven de prestado con familiares o amigos. Han cobrado solo del Consorcio de Seguros mientras las ayudas del Gobierno «por destrucción total de la vivienda habitual» siguen «en tramitación».
En tramitación, ¡oiga usted! (notese la fina ironía Rajoniana)
Un año después.
Doscientos veintinueve muertos, decenas de miles de damnificados, y las ayudas públicas están «en tramitación».
Pero claro, es que la administración española es lenta. Todos lo sabemos, estamos tan acostumbrados que hasta tenemos refranes para eso. Hay que cumplir procedimientos, garantizar la legalidad, evitar fraudes detectables. Creo que garantizar comisiones también es una prioridad.
Mientras tanto, cien días después de la tragedia, los vecinos de Paiporta mantenían que «aquí cada uno se salva como puede», dependiendo de puntos de donación privados porque los oficiales cerraron.
El panorama de reconstrucción es patético. Más de 2.000 negocios devastados por la DANA siguen cerrados según la Cámara de Comercio de Valencia. El Gobierno prometió extender el cese de actividad para autónomos, una medida que llega tarde para muchos porque en diez meses los negocios han cerrado y prácticamente nadie se va a poder acoger a ese cese de actividad que se tenía que haber empleado desde el 1 de febrero.
Y las obras hidráulicas. Esas que habrían evitado aproximadamente 180 de las 229 muertes, según manifestaciones de los técnicos. Esas que llevaban contempladas desde 2001 en el Plan Hidrológico Nacional. Anunciadas en 2004 por Zapatero. Proyectadas en 2010 con un coste de 55 millones. Aprobadas ambientalmente en 2011 por Teresa Ribera.
Esas, siguen sin licitarse.
Un año después de la catástrofe.
Veinticuatro años después de estar diseñadas.
El Gobierno anunció que se harían antes de finales de 2025, pero estamos en octubre de 2025 y no hay novedad. Hay, eso sí, muchas comisiones de investigación, muchos informes técnicos, muchas comparecencias parlamentarias donde todos se acusan mutuamente de negligencia.
Pero obras, lo que se dice obras, ninguna.
Epílogo: Autopsia de un Fracaso Nacional.
Doscientos veintinueve muertos.
Setenta y ocho municipios arrasados.
Ciento veinte mil coches destruidos.
Dieciséis mil seiscientos millones prometidos por el Estado, de los que se han ejecutado unos ocho mil.
Pero conviene leer la letra pequeña. De esos 16.600 millones «movilizados», 5.000 son avales del ICO: préstamos que hay que devolver. Otros 3.760 millones son del Consorcio de Compensación de Seguros: dinero que los propios ciudadanos ya pagaron en sus pólizas y que el Estado tiene obligación legal de abonar. No es ayuda, es cumplir la ley. El resto, en gran parte, son exenciones fiscales: no cobrarte impuestos cuando has perdido todo.
Descontando el maquillaje contable, las ayudas directas que llegaron a los bolsillos de los afectados suman 2.798 millones de euros. Un 16,8% de lo prometido. El resto es retórica.
La Generalitat tampoco se libra del maquillaje. De los 2.561 millones comprometidos, solo 900 millones son ayudas directas que llegaron efectivamente a los bolsillos. Un 35% del total. El resto: créditos del IVF sin intereses —que hay que devolver igualmente—, exenciones fiscales, e inversiones en infraestructuras públicas. Mejor ratio que el Estado, pero la misma aritmética cosmética: inflar cifras con conceptos que no son ayudas sino obligaciones, deducciones o préstamos.
Solo diecinueve millones aportados voluntariamente entre todas las autonomías de España.
Cero obras hidráulicas licitadas desde el Plan Hidrológico Nacional de 2001.
Cero responsables políticos dimitidos.
CERO
Cero es la cifra que mejor resume la respuesta institucional española a la mayor catástrofe natural del siglo XXI en nuestro país.
El abandono de las primeras setenta y dos horas está plenamente verificado, documentado y admitido implícitamente por todas las partes. La capacidad legal del Estado para intervenir existía, con precedentes recientes y claros. La capacidad presupuestaria de las autonomías para ayudar era más que suficiente. Las obras hidráulicas necesarias llevaban diseñadas y aprobadas desde 2001.
La voluntad política para actuar fue inexistente durante veinticuatro años consecutivos.
Y aquí está la clave: no fue incapacidad técnica, ni legal, ni económica, ni de conocimiento. Fue voluntad. O más exactamente, su ausencia.
Aznar diseñó el Plan Hidrológico Nacional en 2001 pero perdió las elecciones y nunca lo ejecutó.
Zapatero lo modificó en 2004, anunció la presa de Cheste y tampoco la construyó.
Rajoy gobernó entre 2011 y 2018 y el barranco del Poyo siguió sin encauzar.
Sánchez llegó en 2018 con Teresa Ribera de ministra —la misma que firmó la declaración de impacto ambiental del encauzamiento en 2011— y tampoco hizo nada.
Mazón prefirió alargar una comida durante cuatro horas porque su agenda política inmediata le pareció más urgente.
Las autonomías del PP prefirieron no mojarse porque ayudar económicamente habría sido admitir que uno de los suyos necesitaba ayuda.
Todos hicieron cálculos.
Todos miraron encuestas.
Todos consultaron con sus asesores.
Nadie hizo lo evidente: las obras que llevaban diseñadas desde hacía veinticuatro años.
Nadie salvó a la gente que se estaba ahogando.
Nadie llegó a Paiporta en más de 72 horas
Y lo más grotesco: nadie va a dimitir, nadie va a ir a la cárcel, nadie va a asumir responsabilidad política real. Habrá informes, comisiones, debates parlamentarios. Mazón seguirá siendo president porque el PP no tiene recambio y admitir el error sería contraproducente. Sánchez seguirá siendo presidente porque el bloque de investidura se mantiene. Teresa Ribera ascendió a comisaria europea. Los damnificados seguirán esperando ayudas «en tramitación». Las obras del Poyo seguirán sin licitarse.
Los muertos seguirán muertos.
Esto es España. Un país donde 650.000 pasajeros enfadados en un aeropuerto justifican militarizar controladores en diecinueve horas, pero 229 cadáveres flotando en el barro no justifican intervenir en setenta y dos. Un país donde diseñamos planes hidráulicos magníficos, los anunciamos con bombos y platillos, los aprobamos ambientalmente, los presupuestamos con fondos europeos, y luego los dejamos morir de asco en un cajón durante veinticuatro años.
Un país donde tenemos diecisiete sistemas sanitarios diferentes, diecisiete sistemas educativos diferentes, diecisiete maneras de cobrar impuestos, pero ni un plan coordinado de emergencias que funcione, ni una obra hidráulica de las proyectadas desde 2001 que se haya construido.
Doscientos veintinueve muertos merecían algo mejor que esto.
Merecían que alguien, en algún momento entre 2001 y 2024, hubiera hecho su puto trabajo.
Merecían que el Plan Hidrológico Nacional de 2001 se hubiera ejecutado completo.
Merecían que Zapatero hubiera construido la presa que anunció.
Merecían que Rajoy hubiera licitado el encauzamiento.
Merecían que Ribera hubiera hecho las obras que ella misma aprobó.
Merecían que Mazón no se hubiera ido a comer cuando llovían 771 litros por metro cuadrado.
Merecían que Sánchez hubiera declarado el estado de alarma en lugar de calcular costes electorales.
Merecían que las autonomías del PP hubieran puesto 2.000 millones en lugar de 19.
Pero esto es España, y en España llevamos siglos perfeccionando el arte de convertir las tragedias en circos mediáticos donde todos tienen razón, nadie tiene culpa, y los muertos se entierran rápido para que no huelan demasiado.
La DANA de Valencia no fue solo una catástrofe natural. Fue el espejo más despiadado que ha tenido este país en décadas. Y lo que vimos reflejado es exactamente lo que somos: un Estado disfuncional, unas autonomías egoístas, unos políticos cobardes, y una sociedad que ya ha normalizado que cuando se diseña una obra hidráulica en 2001, se anuncia en 2004, se proyecta en 2010 y se aprueba en 2011, lo normal es que en 2024 todavía no esté hecha y que 229 personas mueran por ello.
Somos una sociedad que ha normalizado alzar al poder a los mas ineptos.
Mientras tanto, el barranco del Poyo sigue sin encauzar. La presa de Cheste sigue sin construir.
Porque ¿para qué hacer obras si total, hasta dentro de veinte años no volverá a llover?
Y cuando vuelva a llover, volverán a morir.
Y volveremos a hacer comisiones de investigación.
Y volveremos a prometer obras que nunca se harán.
Porque esto es España, y aquí la incompetencia es bipartidista, transversal y eterna.
Bienvenidos al país donde los planes se diseñan, se aprueban, se presupuestan y se olvidan. Donde los muertos se cuentan, se lloran y se entierran. Donde la responsabilidad política es un concepto tan abstracto como la voluntad de hacer lo que hay que hacer.
Doscientos veintinueve cadáveres, veinticuatro años de negligencia, y cero —absolutamente cero— consecuencias para los responsables.
Así somos. Así morimos.
